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Publicado: Jueves 22 de agosto de 2019 a las 04:00 hrs.
Las reacciones desde distintas veredas no se hicieron esperar. El gerente general de Mina Invierno, Sebastián Gil, señaló que “el fallo del tribunal pone a la compañía en una decisión extremadamente compleja y en la práctica significa la paralización de la mina en noviembre. Nos parece un tremendo contrasentido que los fundamentos del fallo tengan que ver con la posible afectación de los fósiles vegetales, materia de la cual venimos trabajando desde el inicio de la operación minera”.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, aseguró que la votación dividida confirma que el Tribunal Ambiental de Valdivia tiene una actitud antiminería, “lo que aumenta el riesgo de cualquier proyecto de exploración y explotación desde la región de Ñuble hasta Magallanes”. En tanto, la vocera de la organización ciudadana Alerta Isla Riesco, Ana Stipicic, celebró la resolución: “Aquí hay varias lecciones. Primero, la empresa desde un comienzo debió haber planteado el uso de tronaduras para que estas fueran evaluadas como corresponde con su impacto ambiental. Además, la compañía debe entender que no puede cambiar el corazón del proyecto de explotación del carbón cuando se le dé la gana”.
La vocera agregó que “el director nacional del SEA no debió haber aprobado el proyecto por secretaría en el inicio del gobierno de Sebastián Piñera”. El abogado de la Fiscalía Medio Ambiental, Diego Lillo, sostuvo que “el fallo da cuenta de una práctica que no es excepcional para el proyecto de las tronaduras de Mina Invierno, que es que los proyectos son aprobados sin la información suficiente que permite ya sea predecir o descartar los impactos que tienen”.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.