Las diferencias entre el Ministerio de Hacienda y la empresa de fomento minero Enami por la no entrega de las utilidades de esta compañía escalaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). En julio el ministro Rodrigo Valdés mandó una carta al fiscalizador para que se pronunciara en este caso, respuesta que llegó hace algunos días.
En la misiva de Valdés, en específico, se preguntaba sobre la forma en que se deben determinar las utilidades a retirar por el Fisco desde las empresas del Estado.
La diferencia con Enami nació cuando en junio del 2012 la secretaría de Estado ordenó a la minera traspasar $ 7.773 millones. En diciembre de 2013 la petición aumentó a $ 13.912 millones, es decir, algo más de US$ 21 millones. La firma estatal rechazó esta petición, argumentando una diferencia entre los resultados financieros y los tributarios.
Conocidos los antecedentes -tanto las preguntas de la cartera de Estado como documentos aportados por la empresa- el superintendente de Valores, Carlos Pavez, optó por declararse incompetente y señaló que era necesario interpretar la norma por la que se rige el aporte de las compañías estatales al fisco.
“Para precisar la forma en que correctamente se determinan las utilidades a retirar por el Fisco desde las instituciones o empresas del Estado, esto es si deben utilizarse las utilidades ‘tributarias’ o ‘financieras’, es necesario efectuar una interpretación de la norma contenida en el D.L. N°1.263 de 1975”, se lee en el oficio firmado por Pavez y remitido a Valdés.
Añadió que “dicha materia escapa del ámbito de competencia de este Servicio, conforme a su ley orgánica”.
Ese punto era, precisamente, el que buscaba aclarar Hacienda, por lo que también pidió opinión al Servicio de Impuestos Internos (SII). En la carta solicitaba que se le entregara información sobre cómo ambos organismos identifican las utilidades netas “que pueden ser o no retiradas a capitalizarse en función de los balances patrimoniales antes señalados y los mecanismos que deben observarse sobre la materia”.
Consultada la secretaría de Estado sobre esta respuesta derivada por la SVS, declinaron hacer comentarios.
La posición de Enami
La que sí ha entregado sus argumentos para justificar el desacato ha sido Enami.
Es así como la compañía envió a la SVS un documento de 91 páginas respaldando su posición: no existen ganancias que entregar, añadiendo que la petición de Hacienda “la consideramos del todo improcedente”.
“Enami ha sostenido que no existen utilidades tributarias acumuladas al año 2012, sino pérdidas tributarias acumuladas, arrastrando históricamente los resultados tributarios hasta el 31 de diciembre de 2012”, señalan.
Explican que en los años siguientes se “generaron importantes pérdidas tributarias, por montos acumulados que ha absorbido totalmente las supuestas utilidades (de haber existido) al 31 de diciembre 2012 que el Fisco ha exigido se le traspasen”.
En la documentación enviada se incluyen informes jurídicos elaborados por los especialistas Bernardo Lara y Enrique Navarro, los que apoyan la posición de la firma estatal.
En el informe de Navarro se señala que “es posible argumentar que la ausencia de viabilidad de traspasar las utilidades acumuladas del año 2013 y 2014, en cuanto ello podría perjudicar la estabilidad financiera de la empresa del Estado y por lo tanto, el financiamiento de sus actividades para las cuales fue creada, tales como son el fomento a la pequeña y mediana minería”.
La situación financiera es delicada, por lo que de ejecutarse el cobro de Hacienda, la posición de la compañía empeoraría todavía más. La firma deberá realizar una fuerte inversión para mejorar las instalaciones de su fundición Paipote, mejorando la captura de emisiones, como exige la normativa a más tardar a diciembre de 2018.
Los Otros desencuentros
Las diferencias de criterio entre Hacienda y Enami por los dineros que la compañía debería entregar por concepto de utilidades es uno más de varios desencuentros. Uno de los más recientes fue la pugna que existía entre el mundo minero, posición en la que se alineaba la Enami, y el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, por el precio de sustentación que ayuda a la pequeña y mediana minería y que se ejecuta a través de esta compañía.
La estatal pedía el aumento de dicho aporte, pero Arenas no era partidario de esa medida. De hecho, la compañía entregó un oficio para recibir una respuesta oficial.
En esta diferencia la Enami fue apoyada por el Ministerio de Minería y dada la presión que hicieron las asociaciones mineras, se acordó mejorar el mecanismo tras una larga negociación.
Otro tema complejo que lleva la firma con Hacienda es de dónde obtener el financiamiento que requieren para actualizar las instalaciones de su fundición Paipote y, de esta manera, cumplir con la normativa ambiental que exige una captura del 95% de sus emisiones.
Por eso, desde la compañía minera estatal buscarán cumplir estas exigencias en dos fases, una para mejorar sus niveles de captura, pero más adelante invertir para aumentar la productividad.
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