Maria das Gracas Foster, la ex directora ejecutiva de Petrobras, dejó su cargo en la empresa estatal por desear transparentar las cuentas de la compañía, lo que chocaba con la opinión de la presidenta del directorio.
Según Bloomberg, a medida que escalaba el escándalo de corrupción dentro de la firma a fines de enero, la presidenta Dilma Rousseff recibió llamadas de dos de los ejecutivos que había designado. Ambos estaban en medio de una maratónica reunión del directorio y no lograban llegar a consenso sobre un punto.
El primero en comunicarse con ella fue Guido Mantega, su ex ministro de Finanzas y actual presidente de Petrobras, quien le advirtió que la directiva estaba discutiendo la idea de publicar una cifra potencialmente vergonzosa: una amortización por
US$ 30 mil millones que los auditores aseguraban estaba parcialmente vinculada a las pérdidas del escándalo. Mantega creía que era un dato erróneo al que se llegó con una metodología incorrecta. La mandataria estuvo de acuerdo.
Un poco más tarde esa misma noche, Rousseff recibió el llamado de Foster, quien manifestó que bajo la ley brasileña la cifra, incorrecta o no, debía ser divulgada porque si el directorio estaba al tanto, el mercado tenía el derecho de saber también.
La entonces CEO estaba consciente de que su amiga prefería ocultar la amortización, pero tenía la esperanza de que la líder del Partido de los Trabajadores entendería su posición, según tres fuentes citadas por Bloomberg.
Después de una dramática sesión de diez horas, los ejecutivos decidieron incluir la cifra en una nota junto con los retrasados resultados del tercer trimestre, pero la determinación le costaría el puesto a Foster. El 6 de febrero, Rousseff anunció que sería reemplazada por Aldemir Bendine, hasta entonces CEO de Banco do Brasil.
Investigación a políticos
En tanto, el fiscal general de Brasil le solicitó ayer a la Corte Suprema que autorizara una investigación en contra de políticos de alto cargo por sus roles en el mayor escándalo de corrupción de la nación.
Rodrigo Janot está pidiendo abrir 28 nuevas pesquisas de 54 personas, la mayoría de ellos políticos cuyos nombres no han sido revelados.
Las especulaciones acerca de que la lista de sospechosos incluye a lesgisladores tan importantes como los líderes de ambas cámaras del Congreso complicarán los esfuerzos de Rousseff de estabilizar la economía y de consolidar su díscola coalición de gobierno.
"Este es un momento muy delicado", comentó a FT Carlos Melo, profesor de la escuela de negocios Insper.
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