Al mediodía de hoy viernes, el Gobierno ingresó indicaciones al proyecto de ley corta que busca dar una salida a la crisis de las isapres, implementando el fallo de la Corte Suprema por el que las aseguradoras deberán adecuar todos sus planes a la tabla de factores vigentes y restituir los cobros realizados en exceso respecto a la misma.
Con la discusión detenida en la Comisión de Salud del Senado, principalmente en torno a cómo las isapres realizarán un reajuste único para retomar el equilibrio financiero y evitar la insolvencia, el Ejecutivo hizo una serie de compromisos para destrabar las conversaciones.
Así, en sus indicaciones, el Gobierno se comprometió a que, dentro del presente año, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso "uno o más proyectos de ley destinados a reformar el sistema de salud en su conjunto a fin de profundizar los principios de seguridad social en salud, y fortalecer las competencias" de Fonasa y de la Superintendencia de Salud.
Además, antes del 1 de octubre de 2024, el Presidente también se compromete a ingresar uno o más proyectos de ley que estén destinados a elimina las preexistencias, así como "las discriminaciones por edad y sexo", tanto para la afiliación a las isapres como para "restricciones o exclusiones de beneficios dentro de los planes complementarios de salud".
Esto marca un cambio a lo que el Ejecutivo ya había comprometido en un protocolo firmado con la Cámara de Diputados, en el que había puesto como plazo límite para ingresar una reforma a la salud el mes de marzo de 2025.
No obstante, los senadores habían presionado para que esto se adelantara y se incluyese en la misma ley corta. Algunos parlamentarios consideraban que sin incluir elementos de la futura reforma, el proyecto y particularmente el reajuste que deberán hacer las isapres en sus planes, no tenían viabilidad política.
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Otras modificaciones al proyecto
Las indicaciones también implicarán cambios de redacción para el artículo que instruye a las isapres a realizar un plan de devoluciones para los afiliados, así como de un reajuste único de los precios base que les permita cubrir las prestaciones de los usuarios; y a la conformación del Consejo Consultivo que estará encargado de pronunciarse -de manera no vinculatoria- acerca de todos estos cambios en los precios de los planes.
De manera extraordinaria, ese Consejo estará compuesto de cinco integrantes nominados por el Presidente Gabriel Boric y aprobados por ambas cámaras del Congreso. No obstante, a futuro, los ministerios de Hacienda y Salud nominarán dos consejeros cada uno y Economía hará lo propio con el restante.
Las indicaciones del Gobierno van en línea con otra propuesta por los senadores oficialistas de la Comisión de Salud: Juan Luis Castro (PS); Ximena Órdenes (IND-PPD) y Juan Ignacio Latorre (RD). Estos parlamentarios también propusieron la prohibición de la declaración de salud como criterios discriminador para el ingreso o mantención de las personas en isapres, dentro de la ley corta.
Castro, quien es presidente de la Comisión de Salud, agradeció "haber sido escuchados por la autoridad", asegurando que con estas indicaciones el reajuste de precio extraordinario "tendrá un umbral máximo razonable" y valorando que la conformación del Consejo Consultivo vaya a contar con la participación del Congreso.
"Y tercero, lo más importante, se inicia este año la reforma de la salud, con dos elementos. A septiembre próximo, no más allá de esa fecha, debe haber un proyecto que termine con las preexistencias, con la letra chica, con las declaraciones de salud, con las carencias por sexo, por edad, todo lo que ha permitido en 40 años la historia de desacierto de un sistema abusivo. Y segundo, porque las grandes reformas van a ser planteadas durante este año 2024. O sea, se adelanta todo el proceso para tener antes una reforma a la salud necesaria para Chile", declaró el senador.
Castro también ingresó otras indicaciones por cuenta propia, donde planteó la idea de que también el Gobierno se comprometa a ingresar un proyecto, en un plazo de seis meses desde que entre en vigencia la ley corta, para modernizar el Sistema de Incapacidad Laboral (SIL) y la eliminación de los días de carencia de las licencias médicas menores a 10 días. Asimismo, el senador también propuso que tanto la Superintendencia como Fonasa tengan su dirección general a cargo de un Consejo Directivo compuesto por cinco miembros "de reconocimiento profesional y técnico".
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