El nuevo episodio que profundizó la crisis financiera del sistema -luego del reciente fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores que instruyó uniformar la aplicación mecanismo con devoluciones con efecto retroactivo- activó nuevamente la tensión entre las isapres y el regulador del sector.
No obstante las reuniones sostenidas en los últimos días con las autoridades de Salud, encabezadas por la ministra Ximena Aguilera, y con el propio Superintendente del rubro Víctor Torres realizada ayer, la Asociación de Isapres entregó hoy un comunicado en el que enfatiza la responsabilidad que tiene este último organismo en llevar a cabo una “correcta aplicación” de la instrucción de la Tercera Sala del máximo tribunal, de modo de “no arriesgar la supervivencia operacional” de la industria”.
“En su dictamen, el máximo tribunal ordena a la Superintendencia de Salud aplicar el fallo a todos los afiliados. El sistema está en una encrucijada y dependiendo de las decisiones que adopte la Superintendencia de Salud el resultado será, o la transformación a un modelo más uniforme, o el caos, que tendrá como resultado la falla del sistema privado de salud, en un escenario de postpandemia y crisis económica”, señaló el gremio.
Las isapres advirtieron a la Superintendencia de Salud que una errada aplicación de la sentencia puede “ocasionar el golpe final al sistema de aseguramiento privado, con un daño directo no solo a los afiliados, sino a la mitad de la población del país que se beneficia con el uso de la red de prestadores privados, que resultaría severamente impactada, agravando, además, la abultada lista de espera de los hospitales”.
Junto con enfatizar que “los resguardos que se adopten son cruciales: más de 330 mil afiliados tienen activada alguna garantía GES, alrededor de 350 mil personas son adultos mayores y más del 92% de los beneficiarios requirió atenciones de salud en el último año”, el gremio advirtió que ve con “preocupación la falta de urgencia en la toma de decisiones por parte del regulador”. Al respecto, enfatizó que el centro de la discusión debe estar en “generar soluciones inmediatas y sostenibles, que den claridad y certeza a las personas sobre la continuidad de sus coberturas, tratamientos y licencias médicas, permitiendo la operación del sector”.
“Tenemos la convicción de que es posible cumplir con el mandato de la Corte Suprema sin afectar a los pacientes y beneficiarios, lo que depende exclusivamente del mecanismo que defina la Superintendencia de Salud y que debe ser fiel al espíritu de un dictamen que buscó el mejoramiento y no la eliminación del sistema privado de salud”, sostuvo.
Poniendo la coyuntura actual en perspectiva, el gremio sostuvo que reciente fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema sobre tabla de factores es “consecuencia de la postergación de una reforma integral al sistema de aseguramiento privado, mandatada hace más de una década al Ejecutivo y los poderes colegisladores” y acusó que la judicialización que ha enfrentado el sector “obedece a dicha falta de respuesta y no a un incumplimiento de normas por parte de las Isapres, cuya operación es regulada y altamente fiscalizada por la autoridad”.
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