En su primera reacción a las bases del proyecto de ley corta presentada ayer lunes por el Gobierno para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores y establecer los ejes para abordar la crisis de la industria, la Asociación de Isapres rechazó hoy esta propuesta poniendo en tela de juicio su viabilidad como mecanismo para asegurar los equilibrios necesarios para la continuidad del sector.
“Lo presentado no da viabilidad a las isapres. Al revés, sería la lápida del sector. Como proyecto carece de toda factibilidad financiera y genera expectativas desmedidas sobre supuestos “cobros indebidos”, cuya calificación resulta impropia y tajantemente rechazamos, pues la operación del sector cumple cabalmente los procedimientos instruidos, regulados y fiscalizados por los órganos estatales”, afirmó el gremio a través de una declaración.
El gremio cuestionó los lineamientos de la propuesta del Gobierno que se dieron a conocer para cumplir el fallo de la Corte Suprema tras una reunión clave celebrada entre senadores y diputados –encabezados por los respectivos presidentes de las comisiones de salud de ambas cámaras- y las máximas autoridades del Ministerio de Salud. A partir de las “cifras que han trascendido de eventuales devoluciones”, la asociación puntualizó que “dichos montos equivalen a la utilidad total reportada por el sistema isapres en 33 años y son cuatro veces mayores al patrimonio de todo el sector, es decir, son de una magnitud que obliga a cuestionar su sentido de realidad y que deben alertar sobre sus implicancias”.
Cabe recordar a partir del trabajo de análisis que llevan a cabo el Minsal y la Superintendencia de Salud, trascendió que el monto global de las devoluciones ascendería a unos US$ 1.400 millones.
Junto con recordar que ya ha transcurrido más de la mitad del plazo de seis meses que otorgó la Corte Suprema –el cual vence a fines de mayo– la Asociación de Isapres llamó a que el Gobierno a “presentar al Parlamento un proyecto que debe ser factible, pues lo que nos convoca es cumplir el mandato de la Corte Suprema, custodiando las coberturas de tres millones de beneficiarios y la estabilidad de la red privada de salud, que atiende a 10 millones de chilenos cada año”.
Desde este argumento, el gremio sostuvo que “no tiene sentido alguno debatir sobre plazos de una propuesta, si ésta implica una inviabilidad operacional total al quebrantar el equilibrio financiero del sistema”.
No obstante el rechazo a la solución diseñada por el Ejecutivo, el gremio declaró estar “disponible para trabajar con ese objetivo, sobre la base de propuestas viables que permitan cumplir con los planes de sus afiliados, entre ellos, cientos de miles de pacientes aquejados por enfermedades graves, crónicas y GES, que resultarían gravemente perjudicados con el término de sus coberturas”.
“Lo corresponde ahora es comprometernos con la salud de los chilenos y encauzar el debate hacia soluciones reales”, enfatizó la entidad.
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