El Congreso y el Gobierno corren contra el reloj para sacar adelante la ley corta que implementará el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las isapres adecuar sus planes a la tabla de factores vigente y devolver los cobros en exceso en relación a la misma, además de buscar condiciones para la continuidad de la industria tras la sentencia.
Sin embargo, elementos como el cálculo del monto de la deuda de las aseguradoras y el reajuste posterior que tendrían que hacer éstas para retomar el equilibrio financiero, tienen entrampada la discusión en la Comisión de Salud del Senado.
Por ello, tanto el Gobierno como los parlamentarios se comprometieron a ingresar nuevas indicaciones este viernes, con el fin de destrabar las conversaciones.
Tras los fallos de la Corte, las isapres cayeron en pérdidas. Y si bien la ley corta plantea un reajuste único para retomar el equilibrio financiero, aún no hay consenso en la fórmula.
Las indicaciones, por una parte, eliminarían puntos como el adelanto del alza de planes por Indicador de Costos de la Salud (ICSA) y la suspensión de los cobros de menores de dos años, lo cual ya se aprobó a modo de emergencia; pero también, apuntarían a clarificar las condiciones en que se calculará la deuda de las aseguradoras y cómo se hará el reajuste extraordinario de las mismas.
La cuerda floja
En paralelo a la discusión en el Congreso, las isapres ya están sumidas en su etapa más compleja. Si bien en 2023 lograron volver a las utilidades, el otro fallo de la Corte, que ordenó suprimir las alzas por concepto de Garantías Explícitas en Salud (GES), les significó una caída promedio de un 12% de sus ingresos, lo que, a partir de enero las tendría con pérdidas por más del 10% de los ingresos.
El propio superintendente de Salud, Víctor Torres, ha declarado que algunas isapres estarían muy cerca de incumplir con sus indicadores financieros. En la industria, en tanto, proyectan que en marzo, cuando aumenten los siniestros de los afiliados, la situación se volverá especialmente compleja.
Según han reiterado las isapres, el adelanto del ICSA, aprobado a fines de diciembre, solo les permitirá cubrir una cuarta parte de esa caída, recién en el mes de abril, misma fecha en que se debería aprobar la ley corta.
Sin embargo, la promulgación del proyecto no significaría un respiro instantáneo. En efecto, una futura aprobación de la ley corta da inicio a un proceso en el cual las isapres deben presentar una propuesta de pago a los afiliados y, al mismo tiempo, de un alza extraordinaria que les permita alcanzar el equilibrio financiero.
Pero, al mismo tiempo, los ingresos volverán a caer por la adecuación a la nueva tabla de factores, aunque esta vez compensados por el artículo de la ley corta que ajusta todos los planes al 7% de cotización legal, eliminando los excedentes.
Además, solo después de tener el visto bueno de un consejo consultivo externo acerca de su plan de reajuste, las isapres podrían notificar el alza en los contratos. Fuentes ligadas a la industria, siguiendo el cronograma de la ley, calculan que, en el mejor de los casos, esto podría aumentar los ingresos recién desde octubre próximo, por lo que seguirían con pérdidas, al menos, hasta ese mes.
En distintas sesiones, los senadores han presionado por simplificar este mecanismo para evitar que se desencadene una serie de bajas y alzas en los planes, corriendo el riesgo de volver a un escenario de judicialización.
En tanto, algunos parlamentarios resaltan la importancia de que el Ejecutivo acelere elementos de la reforma a la salud que introduzcan seguridad social en las isapres, como el fin a las preexistencias y declaraciones de salud.
De otro modo, dicen esas fuentes, es difícil que se logre el apoyo político a un proyecto en que las empresas puedan subir los planes y recobrar el equilibrio.
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