El Presupuesto 2027 trajo un aumento de un 4,7% para el Ministerio de Salud y, dentro de ello, un crecimiento de un 4,8% en los recursos para Fonasa. Sin embargo, el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo (Ley Ricarte Soto) registró una caída de un 14,5%, lo que levantó las críticas de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), asociación que agrupa a grandes multinacionales de esta industria en Chile.
Este miércoles, en DF al Cierre, su vicepresidenta ejecutiva, Mariela Formas, explicó las alertas que ha estado encendiendo el gremio. “No tiene que ver con este gobierno ni este presupuesto en particular, lo que llama la atención es no reconocer el gasto ejecutado que tiene la Ley Ricarte Soto”, planteó. “Se sobreejecuta en torno a un 30%-40% cada año”.
Según argumentó la dirigente, el programa -dirigido a financiar medicamentos que las familias chilenas no tienen la posibilidad de enfrentar por sus propios medios económicos-, tiene un “error de diseño”, puesto que fue confeccionado como un fondo fijo y no consideró que “la medicina avanza mucho más rápido que la legislación y que las coberturas, por lo tanto hay nuevos medicamentos que deberían estar en este fondo y no han podido entrar, porque está agotado”.
En ese sentido, planteó que, además de que incluso sobreejecutado el fondo solo llega a ser el 0,3% del gasto público, recortar en este ítem “es un ahorro mal entendido (...) genera ahorro en hospitalizaciones, en que los pacientes caigan en temas críticos de dependencia con que no puedan trabajar, y eso aumenta las licencias y disminuye la productividad… entonces, ¿cómo vas incorporando el valor que tiene sumar esa cobertura con el contrafactual de no tenerla?”.
Con todo esto, Formas argumentó que se entendería el recorte presupuestario si es que en el Congreso se estuviera priorizando el proyecto de modernización de la Ley Ricarte Soto, pero que eso no ha sido así, dado que aún se mantiene pendiente la entrega de un informe financiero por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que no ha llegado.
“Ese proyecto debería reestructurar el fondo e inyectarle fondos relevantes para sincerar el gasto”, dijo la vicepresidenta ejecutiva de la CIF.
“Además, lo que no se cubre en salud en este espectro, por el paciente de una patología, se va a judicialización. La judicialización, en 2025, estuvo en torno a los $ 98.000 millones, y ese es un gasto poco predecible, ineficiente e inequitativo”, agregó. “Las alertas se encienden porque este fondo, que debería ir creciendo con el tiempo, no ve luces de tener un nuevo decreto que ingrese nuevas patologías o nuevas terapias más modernas, porque está acotado”.
De la mano de lo anterior, Formas admitió que la ministra de Salud, May Chomali, salió a explicar que el recorte no implicará que pacientes queden sin financiamiento para sus medicamentos, pero insistió que la preocupación tiene que ver con que “no se ve para dónde va el crecimiento ordenado de este fondo”.
Más allá de este tema en puntual, manifestó que a nivel país, la industria considera que una de las principales prioridades del sistema debería ser rediseñar las coberturas para que crezcan, porque además de los ahorros que generaría en el sistema, esto podría disminuir el gasto de bolsillo al reconfigurar los mercados farmacéuticos.
La idea, señaló, es que “tengamos un mercado ordenado, profundo y que efectivamente vaya en línea no solo con la innovación biomédica, sino también con las necesidades de salud pública del país (...). Las familias soportan el 70% del gasto farmacéutico y eso lleva a moldear el mercado de una forma distinta y es importante que los medicamentos sean parte de los planes públicos y privados de salud, de modo que el mercado se ordene y disminuya el gasto de bolsillo”, apuntó.
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Martín Baeza
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