El Senado aprobó la ley de reajuste del sector público, lo que significa que, por medio de su capítulo misceláneo, también se aprobaron las medidas de emergencia para suavizar el golpe financiero que implica el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las isapres anulas las alzas por concepto de Garantías Explícitas en Salud (GES). Esta sentencia, que ya fue aplicada por las aseguradoras, se traduce en que a partir de enero las empresas disminuyan sus ingresos en cerca de un 12%.
Mediante estas indicaciones, las isapres podrán adelantar los reajustes de precios al mes de abril, en vez de julio, mediante un cambio en la fecha de la recaudación del Indicador de Costos de la Salud (ICSA); y podrán introducir una tarifa única para financiar las cargas de menores de dos años que, según el fallo de la Corte, también deberán estar incluidas en el GES.
Con el visto bueno del Senado, el adelanto de lCSA ya está listo para ser ley. No obstante, algunos parlamentarios hicieron esto a regañadientes, puesto que muestran rechazo hacia la idea de ayudar a las isapres.
Así lo dijo, por ejemplo, el senador Iván Flores (DC), pero que, a pesar de ellos, sostuvo que “también hay un sentido de realidad y de responsabilidad con los usuarios (...) podemos tener en febrero una isapre desplomada y, en marzo, dos más”.
El senador Juan Ignacio Latorre (RD) se comprometió a despachar la ley corta, que busca dar algunas soluciones más profundas, durante enero, para que la Cámara de Diputados tenga tiempo de tramitación.
Isapres en cuenta regresiva
En contraste, las aseguradoras postulan que el adelanto del ICSA ni siquiera les servirá para cubrir una cuarta parte de la caída en los ingresos. En ese sentido, el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud, instó a avanzar en “terminar con la selección adversa de las personas” en temas de sexo, edad y preexistencias, para así hacer viables las medidas que permitan a las isapres sostenerse.
La crisis “existe y está en desarrollo, no por nada algunas isapres ya están anunciando a sus clientes los problemas que tienen con los convenios, o cierres de sucursales, o el fin de su pertenencia a la Asociación de Isapres”, dijo Castro.
Y es que las aseguradoras, en su cuenta regresiva, han comenzado a tomar medidas por cuenta propia. Solo en las últimas semanas, Colmena cerró dos sucursales; Bupa, matriz de CruzBlanca, puso fin a la red Sonorad (de exámenes de laboratorio y diagnósticos por imágenes) y a un centro médico deportivo; y Banmédica y Vida Tres, ambas filiales de Empresas Banmédica, renunciaron al gremio de las compañías.
Fue CruzBlanca que, al aplicar el fallo de la Corte y bajar su prima GES, advirtió a sus afiliados: “Como es de público conocimiento, esta modificación agrava la situación financiera de CruzBlanca, donde los ingresos no son suficientes para costear las prestaciones de los beneficiarios -a pesar de los innumerables esfuerzos de contención de costos que se han realizado-, lo que aumenta aún más la presión de la actual crisis del sistema de salud”.
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