La Superintendencia de Salud publicó ayer el ICSA (Indicador de Costos de Salud), mecanismo que fija un límite al alza de precios de las isapres en sus planes, el cual este año llegará a un máximo de 7,4%.
El superintendente de Salud, Víctor Torres, aclaró que el ICSA representa “el promedio de los costos operacionales de la industria”, y justificó su aumento -respecto al 2,6% del año pasado- en que esta vez se eliminó del factor de contención, que representa el elemento Fonasa.
“Sin el factor de Fonasa el año pasado no habría sido 2,6%, sino que 4,3%. O al revés, habríamos tenido este año un 4,8%”, afirmó la autoridad.
“La situación es compleja. Hay un equilibrio difícil de poder conseguir, de tal forma que tenemos que evitar que pueda existir un efecto directo a las personas y a la continuidad de sus prestaciones”.
Además, aseguró que no es el cálculo más grande que han arrojado, ya que el primero fue de 7,6%, el año 2022.
Sin embargo, si bien este techo en los planes casi triplica la cifra de 2023, el superintendente sostiene que los afiliados no deberían pagar más de lo que ya estaban liquidando hace algunos meses atrás.
“Estas alzas tampoco van a llevar a que los precios sean mayores a los que ya pagaban las personas en noviembre del 2023. Porque la disminución promedio del sistema es de un 12% y obviamente el promedio de aumento de este sistema va a estar muy por debajo de ese número”.
Otro punto relevante y que también explica el actual resultado es la anticipación del ICSA, el cual fue establecido por la ley de reajuste. Usualmente, este proceso ocurre en el mes de marzo para aplicarse en junio del mismo año. Sin embargo y debido a la crisis en que se encuentra el sistema de salud, en diciembre del 2023 el Senado aprobó las medidas de emergencia ante la debilidad financiera que estaban sobrellevando las isapres por el fallo de la Corte Suprema que frenó las alzas en las Garantías Explícitas en Salud (GES).
Es por esto, que el 2024 se indicó que el anunció del índice se tenía que realizar en febrero para que se comenzará a ejecutar en marzo. Lo cual, también advierte un retraso en el desarrollo de esto el 2025, el cual atrasaría su aplicación a septiembre de ese mismo período.
“La situación es compleja. Hay un equilibrio difícil de poder conseguir, de tal forma que tenemos que evitar, obviamente, que pueda existir un efecto directo a las personas y a la continuidad de sus prestaciones. Si alguna de las isapres hubiese caído en sus indicadores, se ve inmediatamente afectada esa continuidad y por el otro lado,no se traspasen todos los costos a las personas”, concluyó Torres.
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