El gigante tecnológico Apple respondió formalmente a la demanda presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), que acusó a la empresa con sede en Cupertino, EEUU, y a dos distribuidores, por la llamada "obsolescencia programada" que la compañía estadounidense habría incorporado en sus teléfonos Iphone.
"Este juicio no se trata verdaderamente de un caso de obsolescencia programada. Tampoco es un caso de infracción de normas sobre protección de los derechos de los consumidores. En efecto, ni los celulares iPhone; ni sus baterías de iones de litio; ni el sistema operativo iOS –con sus respectivas actualizaciones– pueden ser calificados como productos disconformes o defectuosos. Apple no ha hecho nada, ni haría nada, para intencionalmente reducir la vida útil de sus productos o reducir la calidad de la experiencia de sus usuarios", dijo el abogado de la empresa, Cristóbal Eyzaguirre, de Claro y Cía.
"Por el contrario, el objetivo de Apple siempre ha sido desarrollar productos innovadores y atractivos para sus clientes. Por ello, los hechos mencionados por Odecu en su demanda dan cuenta, en realidad, de una compañía preocupada por sus clientes", añadió el abogado en un escrito presentado el 22 de abril.
La compañía intentó sin éxito, hasta ahora, que se declarara inadmisible la demanda por una supuesta falta de claridad en la misma. Este argumento también se incluye en la respuesta a la acción de Odecu, pero junto a esto, la empresa apunta a otro elemento: los plazos pertinentes de las garantías legal (tres meses) y convencional (de un año).
Odecu solicitó que se obligue a Apple Chile a reparar todos los teléfonos iPhone afectados comercializados entre los años 2014 y 2017. En caso que esto no fuera posible o tuviera un costo muy elevado, pidió se ordene a los demandados a recomprar dichos equipos y a "la devolución del dinero pagado por los consumidores" por concepto de servicios técnicos, baterías de reemplazo o reparaciones.
Para Apple, esta pretensión no es más que el ejercicio de la denominada garantía legal. "En el presente caso, la garantía legal que de manera improcedente intenta ejercer Odecu se encuentra claramente caducada", dijo la empresa.
Añadió que la garantía convencional es la que ofrece voluntariamente para la reparación o reemplazo del producto, o el reembolso del dinero pagado, la que, destacó, tiene una duración de un año.
"A la fecha de interposición de la demanda (24 de diciembre de 2018), la garantía convencional había expirado para todos los consumidores que compraron equipos iPhone antes del 24 de diciembre de 2017. En consecuencia, corresponde rechazar la acción colectiva", sostuvo la empresa.
"Tergiversaciones"
En su respuesta a la demanda, Apple aseguró que "hizo frente a un problema tecnológico complejo", consistente en el impacto que baterías de iones de litio envejecidas químicamente pueden tener en la experiencia de los usuarios, al no ser capaces de entregar instantáneamente la energía necesaria para episodios de rendimiento máximo del Iphone. Según la empresa, esa incapacidad de entregar energía instantáneamente puede causar que el celular se apague repentinamente, "como forma de proteger los componentes electrónicos del dispositivo".
Para "prevenir" esto, la compañía dijo que desarrolló una solución de software gratuita contenida en dos actualizaciones. Junto a esto, precisó que en marzo de 2018 lanzó la versión iOS 11.3, que le entrega a los clientes –destacó- la opción de desactivar la función de administración de los episodios de alto rendimiento.
"Estos hechos dan cuenta de que el relato construido por Odecu en su acción colectiva no es efectivo y carece de sustento fáctico. En vez de contar con hechos o con una investigación seria, la demanda simplemente descansa en referencias inexactas a noticias, blogs y un par de tergiversaciones a declaraciones", afirmó Apple.
Para la compañía, el ilícito imputado no existe pero, de haberse dado, habría cesado en marzo de 2018, por lo que la demanda estaría prescrita ya que, según destacó, la ley del consumidor señala que en estos casos "la acción contravencional prescribe a los seis meses de la fecha de comisión de la infracción".
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