El cable de fibra óptica que conecta el interior de la región de Magallanes no ha logrado concitar el interés de los operadores de última milla. Pese a que fue un proyecto que tomó varios años llevarlo adelante, con recursos públicos y privados, ha costado que grandes empresas del sector se sumen a utilizarlo.
Tras poco más de un año y medio de funcionamiento, la empresa que construyó y maneja el tendido de 1.000 kilómetros, Conductividad Austral, ligada al exdiputado Miodrag Marinovic, está operando a pérdidas.
Y es que justo cuando la compañía debutó en marzo de 2020, estalló la crisis sanitaria en el país. Con los meses, el único que contrató sus servicios fue Claro Chile, que ocupa el 5% de su capacidad, lo que generó los problemas económicos a la firma.
En su plan de negocios, el constructor tenía previsto operar hasta 12 meses sin contratos, lapso de tiempo en que buscaría sumar a empresas como Entel, WOM y Movistar, entre otras, para dar viabilidad al negocio. Sin embargo, a cinco meses de ese hito, no se ven en el horizonte nuevas contrataciones.
Este tramo terreste de la Fibra Óptica Austral, fue licitado en 2017, cuando Conductividad Austral se ganó el concurso, que implicaba un subsidio de $ 4.800 millones. Todo fue entregado en la medida que la firma cumpliera los hitos de construcción y cumplimiento.
La mayor parte del proyecto fue ideado bajo el gobierno de Michelle Bachelet para mejorar la conexión de la zona, con la conexión de Puerto Montt a Puerto Williams con un cable submarino de 2.700 kilómetros, el que había sido ganado por Comunicación y Telefonía Rural (CTR) en alianza con la china Huawei.
Al igual que en este caso, en mayo del año pasado la empresa había hecho un reclamo a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) porque ningún operador había contratado servicios en el troncal marino, lo que implicó que se hicieran mesas para promocionar su uso.
Conversaciones con Subtel
"Si no llego a tener clientes, correremos el riesgo de insolvencia. El compromiso del proyecto no sólo es restaurar nuestra inversión y pagar los créditos al banco, sino que también tener los recursos mínimos para sustentar la fibra", explicó Juan Leiva, director de Proyectos y Tecnología de la Empresa de Conductividad Austral.
Y agregó que el contrato se extiende por 20 años, donde aunque no se generen utilidades, deberían generarse los recursos para que "los inversionistas sobrevivan. Por eso las tarifas son reguladas".
En las próximas semanas, el titular de la Subtel, Francisco Moreno, se reunirá con los representantes de Conductividad Austral para despejar la situación de la empresa. La idea es que a través de mesas de conversación se pueda empujar el uso del cable, tanto por organismos privados como públicos.
"Somos los más interesados" en incentivar el uso de la fibra óptica, y así "beneficiar a miles de usuarios" en la zona más austral del país, dijeron en Subtel al ser consultados.
"Estamos disponibles para propiciar una mesa de trabajo con Conductividad Austral, tal como lo realizamos con la empresa CTR, instancia que consiguió resultados muy positivos con las operadoras que hoy ya están funcionando sobre la Fibra Óptica Austral", agregó.
Mediante el modelo de contraprestaciones, que consiste en la reserva de 16 canales ópticos para conectar a organismos públicos, Subtel se comprometió en 2017 a que 15% de la capacidad de esta red sería utilizado por el Estado.
Pero, para hacer uso de este beneficio, las entidades deben presentar un proyecto que cumpla con una serie de características, como promocionar políticas públicas de conexión. Sin embargo, hasta la fecha la cartera no ha recibido solicitudes para enlazarse con el proyecto Troncal Terrestre Magallanes.
Se estima que de conseguir que se sumen ministerios como el de Educación o Salud, las finanzas de Conductividad Austral permitán que el cable sea viable, ya que se estima que permitiría crecer al equivalente del 25% de la red.
¿Qué pasa si quiebra?
Otra duda que se abrió a raíz de la situación financiera de la empresa, es qué pasaría si se va a la quiebra. Aunque no hay claridad absoluta de los pasos a seguir, la Subtel no contaría con facultades para tomar la administración de la red.
Sin embargo, de acuerdo a las bases del proyecto, la autoridad podría autorizar -si la empresa lo pide- la enajenación de la concesión o infraestructura desplegada a fin de dar continuidad de servicio. Esto traspasaría todas las obligaciones que establece el contrato al nuevo titular de los derechos.
Además, de acuerdo al extitular de la Subtel, Pedro Huichalaf, si la empresa dejara "abandonada" la red, la cartera podría levantar cargos y dejar sin efecto el contrato por incumplimiento del concesionario.
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