Hoy concluyó el segundo trámite legislativo del proyecto de ley que ingresó el gobierno en agosto, cuyo objetivo es garantizar el acceso de más de una empresa de telecomunicaciones a las zonas aisladas del país.
Lo anterior, mediante el establecimiento como obligación a los concesionarios que sean asignatarios de derechos de uso de espectro radioeléctrico –Entel, Claro, Movistar y Wom- , de permitir el acceso y uso de sus facilidades. Para ello, las compañías deberán mantener ofertas de facilidades mayoristas públicas, cuyas condiciones serán especificadas por un reglamento elaborado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
El proyecto que se discutió durante cuatro meses en la Cámara de Diputados, fue aprobado por los parlamentarios, con once votos a favor, una abstención, hecho que celebró la subsecretaria Pamela Gidi vía twitter: "Dimos un paso más para este proyecto que ampliará la competencia y mejorará la conectividad de los usuarios que viven en zonas rurales o extremas".
Durante el proceso la normativa se enfrentó ante Entel y Movistar, que explicaron que tal como salió la norma del Senado la ley no garantiza que se cumpla el objetivo, pues no sólo no define lo que son las zonas aisladas, sino que también está sujeto a una normativa actualmente inexistente. Ambas empresas acusaron que esto desincentivará la inversión para la licitación 5G.
Modificaciones en la normativa
Dentro de los cambios que sufrió el proyecto fue que delimitó a zonas extremas, aisladas o rutas de baja densidad poblacional en que los servicios hayan sido beneficiados por proyectos del Fondo de Desaarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) la obligación de las empresas y donde opera un sólo jugador.
Y también se añadió que fuera de esas localidades obligatorias también puede haber una oferta de facilidades para un nuevo operador, esto para promover la inversión en redes tendrá una vigencia máxima definida por el reglamento, no siendo superior a cinco años desde el inico de sus servicios. Esto, en la eventualidad de que llegue un nuevo actor.
El siguiente trámite será pasar de nuevo a la Cámara Alta, última instancia del proyecto antes de que sea ley.
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