El director regional de la asociación GSM que reúne a operadores y compañías del rubro de las telecomunicaciones, Sebastián Cabello, explicó a DF las consecuencias económicas y de desarrollo que significa el no contar con una red de 4G LTE sobre la banda de 700 MHz.
Además, criticó a quienes interpusieron recursos y dice que no hay una justificación clara para haberlos presentado. “Quienes han detenido el proceso no entienden cómo funciona la telefonía hoy”, dice.
El experto señala que el país tenía todo para ganar en el concurso de la banda de 700 MHz, al ser el primero de la región en licitar el bloque completo. “Chile se movió temprano, rápido, pero ahora el proceso está detenido y perjudica a todos”.
Agrega que con este retraso en el despliegue, que en Brasil ha generado inversiones cercanas a los US$ 2.400 millones, se daña al gobierno, que no puede concretar sus objetivos de digitalizar a las personas de menos recursos y zonas aisladas; a las empresas, que no pueden invertir hasta la entrega oficial de los bloques licitados; y también el fomento de la capacidad productiva de los trabajadores.
Además, explicó que con 4G sobre la banda de 700 MHz, la calidad de los servicios mejorará. En el caso de Chile, la cobertura sería hasta 5 veces más que hoy, superando a la que se consigue con banda ancha fija.
A nivel regional, en GSM estiman que la cobertura de banda ancha móvil con el espectro de 700 MHz lograría entregar internet de alta velocidad a un 92,7% de la población de latinoamérica.
Asimismo, el aporte de las telecomunicaciones en el PIB de la región, que actualmente representan el 3,7%, aumentará apoyado en parte por estos avances tecnológicos, llegando en 2017 a cerca del 4,5%.
Otras estimaciones de la compañía muestran que como consecuencia de asignar la banda de 700 MHz, las inversiones totales alcanzarían alrededor de US$ 15.000 millones en la región.
De ellos, entre US$ 6.300 millones y US$ 9.400 millones estarían asociados a la adquisición de espectro; US$ 4.800 millones a bienes productivos, como equipamiento de acceso y sistemas; US$ 303 millones por servicios operativos y US$ 172 millones asociados a servicios comerciales como desarrollo de aplicaciones y publicidad.
“Estamos hablando de un derecho igualador de oportunidades, y quienes no tengan acceso no van a poder aspirar a mejorar sus condiciones de productividad o laborales”, dice Cabello.
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