La Comisión de Transportes del Senado comenzó la discusión en detalle del proyecto que regula a las aplicaciones de transportes al estilo Uber, cita que contó con la presencia de la ministra de Transportes, Gloria Hutt, quien fue invitada para dar su opinión respecto a las 118 indicaciones que tuvo la iniciativa.
No obstante, el encuentro fue breve y el único tema que se alcanzó a aclarar fue el desecho total de las indicaciones que hacían referencia a la situación laboral de los conductores, considerándolos como empleados de las aplicaciones.
Esta materia era uno de los puntos más conflictivos de las propuestas de los parlamentarios y la ministra fue clara: “Nuestra postura es mantener la palabra conductor”.
Para la secretaria de Estado, no hay un vínculo estrecho entre las características de un trabajador y un chofer de aplicación, pues los primeros necesariamente dependen de una empresa, mientras que los segundos son libres de escoger cuándo y dónde ejercer.
“Tenemos que reconocer la forma en que opera una plataforma, ya que se trata de individuos que disponen de tiempo y vehículos para dar un servicio. Por esta razón, hemos dejado expresamente fuera los ámbitos laborales del proyecto que enviamos, pues hay en paralelo un proyecto que se dedica a ello”, dijo.
Una opinión que fue respaldada unánimemente por los senadores que estaban en la sesión, quienes votaron por descartar este tema.
“En este proyecto de ley no es el lugar para hacer indicaciones laborales”, dijo el presidente de instancia, Francisco Chahuán, quien añadió que “creemos sin lugar a dudas que hay una precarización del trabajo y un daño previsional, pero esta materia debe ser regulada en su comisión respectiva”.
En la media hora que se discutió sobre la ley Uber, Hutt adelantó que el gobierno tiene identificadas las indicaciones que a su juicio son inadmisibles, aunque no alcanzó a detallarlas.
Reacción de las plataformas
Una de las grandes preocupaciones de las plataformas es la inclusión de temáticas laborales, ya que con esto se perdía el foco técnico original del proyecto.
El director de asuntos corporativos de DiDi en Chile, Felipe Simonsohn, dijo que “separar el tema laboral es un acierto, ya que existen varios proyectos de ley que buscan definir un nuevo marco jurídico, pensando en el empleo del futuro y sus características en Chile”.
A juicio del gerente de Asuntos Gubernamentales, Nicolás Sánchez, los senadores tienen la oportunidad de mejorar este proyecto de ley y favorecer a los más de 2,2 millones de usuarios y 85.000 socios conductores que todos los meses utilizan las plataformas tecnológicas. “Seguimos disponibles para continuar generando un diálogo constructivo que defina de la mejor manera el futuro de la movilidad en Chile”, sostuvo el abogado.
En una línea similar, la legal specialist de Beat Chile, Paula Droguett, explicó que lo abordado en el Senado “refleja nuestra solicitud de discutir el proyecto de forma responsable y técnica, sin desviarse del objetivo original”.
Para la próxima sesión del senado, los parlamentarios profundizarán en las indicaciones. La abogada de Beat advierte que se deberá analizar con seriedad la distinción de los estándares de seguridad de los servicios como modelo y clasificación del vehículo a utilizar, entre otros puntos.
“Éstas son exigencias que, si bien existen para los servicios públicos, no tienen cabida en un servicio privado que es esencialmente tecnológico”, dijo.
Por esta razón, las empresas están preocupadas por cómo la normativa les permitirá la introducción de innovación. En ese plano, la ministra aseguró que deberá precisarse dado que “la tecnología podría evolucionar y que existan cosas que no imaginamos”.
Droguett instó a que los servicios tecnológicos están cubriendo “necesidades reales de la vida moderna”, como flexibilidad, rapidez, precios competitivos y que toda normativa que busque regular los servicios modernos, debe potenciar estos atributos y “no entorpecerlos”.
En el caso de Cabify, su gerente general, Ignacio Gutiérrez, explicó que la próxima discusión deberá zanjar dos temas cruciales: licencia profesional y el cierre del parque automotriz. Esto, porque la primera exigencia implica una dificultad para que los potenciales conductores se sumen a las aplicaciones, mientras que la segunda generará un aumento en los precios.
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