En un par de semanas estaría listo el proyecto de ley que regulará el uso del espectro radioeléctrico asignado a las empresas de telecomunicaciones que operan en el país.
Ese es el plazo que maneja el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, quien señaló que el retraso en el envío de la iniciativa responde a la necesidad de introducir ajustes al texto, los cuales deben ser corregidos por especialistas.
El objetivo de esta normativa es definir una regulación sobre el uso del espectro radioeléctrico que permita un uso más eficiente de este recurso, ya que es un bien limitado. Así, las compañías tendrían la opción de vender o arrendar los segmentos que tengan en desuso.
Este proceso que se está llevando a cabo desde hace algunos meses por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) obedece al requerimiento que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) realizó ante el Tribunal de Libre Competencia (TDLC).
Fin de la exclusividad
Por su parte el debate sobre las modificaciones al proyecto de ley que protege la libre elección de los clientes en los servicios de cable, internet o telefonía, continúa su proceso de revisión en la Comisión conjunta de Economía, Transporte y Telecomunicaciones y Vivienda de la Cámara Alta.
Ayer se reunieron en el Congreso los senadores de la comisión, quienes acordaron, a partir de una observación realizada por Manuel José Ossandón, quien planteó que la Subsecretaría de Telecomunicaciones será la encargada de redactar una nueva indicación al proyecto.
Ésta contemplará incentivos para que las compañías efectivamente tengan acceso a los edificios o condominios que ya tienen acuerdos de exclusividad vigentes, y deberá ser votada en una nueva cita de la comisión.
Este debate está en línea con lo señalado por el titular de la Subtel, Pedro Huichalaf, quien explicó que la ley no puede tener un efecto retroactivo. Además, la autoridad señaló que las modificaciones al proyecto de ley deben ser ejecutadas aunque las empresas de telecomunicaciones concreten acuerdos, como podría ser la creación de un protocolo de buenas prácticas, al margen de la acción de la autoridad, para terminar con la exclusividad en las construcciones antiguas.
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