Por Katherina Maraza
Hace un par de semanas habría cambiado el foco del proyecto que materializará la recomendación del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) para terminar con la exclusividad en servicios de telecomunicaciones en edificios y condominios.
Si bien inicialmente el gobierno estableció que el mecanismo se realizaría a partir de una modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), finalmente -y a instancia de una recomendación del presidente del TDLC, Tomás Menchaca-, se determinó que será la Ley de Telecomunicaciones la que será objeto de cambios.
El subsecretario de Vivienda, Jaime Romero, explicó que a raíz de lo anterior, el mecanismo que está siendo diseñado en conjunto por los ministerios de Vivienda, Transportes y Telecomunicaciones, junto al de Economía, se ejecutará mediante un reglamento que derivará de esta última norma y en paralelo se realizará un ajuste a la ordenanza o reglamento de la LGUC.
La autoridad del Minvu precisó que los dos objetivos fundamentales a los que apunta el proyecto son “que todas las familias tengan la garantía de poder elegir y que en segundo lugar los cableoperadores estén en condiciones libres de competir”.
Para lograr dicha meta, en primer término el sistema considera la habilitación por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de un registro público de todos los proyectos inmobiliarios en construcción para informar a las empresas y que éstas planifiquen su oferta de servicios, ya que el mecanismo incluirá a todos los tipos de proyectos residenciales, desde viviendas sociales hasta aquellas de mayor valor.
El subsecretario de Vivienda precisó que el mecanismo regirá sólo para los proyectos que comiencen a construirse después de la entrada en vigencia del reglamento, con lo cual el sistema no tendrá carácter retroactivo.
Además, las constructoras tendrán que asumir el costo de habilitar la infraestructura para que las empresas puedan ingresar o “cablear” en los edificios y condominios, lo que implicaría un alza marginal en el costo de las viviendas.
En el caso del segmento social, esto se compensaría con menores daños asociados a la intervención de las empresas, mientras que las de mayor valor, dijo, estiman que los compradores estarán dispuestos a pagar más a cambio de poder elegir.
El mecanismo considerará la prohibición expresa para la firma de acuerdos de exclusividad con algún operador y se delega en las inmobiliarias, en una primera fase, y en los administradores y los comités de copropietarios, en la segunda, la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo, dijo que en caso de que La Fiscalía Nacional Económica o el TDLC se percaten de algún incumplimiento a la ley, también podrán intervenir, ya que “el objetivo de la ley es posibilitar la libre competencia”, dijo.
El gobierno ha estado en contacto con la industria constructora y ya han logrado algunos acuerdos respecto de la forma en que se implementará físicamente la conexión. Pablo Álvarez, gerente de vivienda y urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción, explicó que la idea sería habilitar dos ductos en edificios y condominios, que en términos de costo no se traduciría en un alza significativa en el valor de las viviendas, ya que para las empresas del sector no representaría una alteración importante.
CONTENIDOS DEL MECANISMO
Subtel
Velará por establecer los aspectos técnicos necesarios para el cumplimiento de la ley.
Objetivos
Que todas las familias puedan elegir y que las compañías puedan ingresar.
Registro
Público Empresas y clientes podrán conocer todos los proyectos inmobiliarios en ejecución.
Inmobiliarias
Se prohibirán expresamente los acuerdos de exclusividad.
Comités de administradores
Fiscalizarán el cumplimiento de la normativa.
Minvu
Generará las condiciones para el cumplimiento de la ley.
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