Optar por una forma de autorregulación similar a la que hay en Inglaterra, es la idea que han propuesto algunas empresas del sector telecomunicaciones para abordar la intención de algunos senadores de establecer una velocidad mínima de acceso a Internet, a través de un proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara Alta y que ahora se está estudiando en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.
De hecho, en esta instancia es donde representantes del gobierno, las empresas y expertos se vieron las caras a fines de enero, para plantear sus puntos de vista.
En la ocasión, el subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, recordó que el proyecto original disponía que debían existir porcentajes mínimos que se debían cumplir por parte de las empresas, pero finalmente se dispuso que un reglamento regulará este aspecto, dado el dinamismo de la evolución tecnológica.
A su vez, el ministro Andrés Gómez-Lobo, planteó que Estados Unidos publica año a año el cumplimiento de las empresas en un cuadro comparativo, generando por esa vía mayor competencia, lo cual es recogido en el proyecto así como otras ideas.
Una mirada mucho más crítica evidenció Cristián Eyzaguirre, gerente de Planificación y Desarrollo del Grupo GTD. Aseguró que la iniciativa generará un aumento de barreras de entrada, una disminución de competitividad, concentración de mercado y un aumento de costos que podrían afectar las inversiones, el despliegue de redes y la capacidad de acceso a usuarios finales en zonas menos favorecidas.
Por eso, apeló al modelo inglés. Propuso aprovechar el caso de Ofcom, que es regulador de Telecomunicaciones de Inglaterra, que hace recomendaciones al mercado de buenas prácticas de uso y establece un código de conducta para la industria. Por eso propuso la idea de constituir una mesa de trabajo público-privada para buscar la mejor solución factible respecto a las velocidades mínimas de Internet.
En ese sentido, Guillermo Pickering, presidente de la Asociación de Empresas de Telefonía Móvil (Atelmo), dijo que sería posible comprometer un rango o umbral dentro de un periodo, en condiciones representativas. Por esto, propuso que la ley indique que el reglamento establecerá umbrales mínimos, rangos o porcentajes de cumplimiento de las velocidades.
Jorge Atton, ex subsecretario de Telecomunicaciones, planteó además que al imponer velocidades mínimas, “es obvio que se está igualando hacia abajo”.
Misma percepción tiene Juan Luis Núñez, gerente general de la Fundación País Digital, quien señaló que en otros países, la tendencia es ofrecer capacidad, en lugar de velocidad.
Estas ideas tuvieron eco, ya que la comisión decidió acoger las propuestas, y definir umbrales y no mínimos de velocidad. En todo caso, el proyecto aún debe ser visto en la sala.
“Industria del reclamo”
En otros puntos de la iniciativa, el VP Legal y Contenidos de VTR, Jorge Carey, planteó su preocupación por la norma transitoria de retroactividad, puesto que ella hace aplicable, luego de un determinado período, este cambio estructural a todo el parque de contratos.
En ese contexto, propuso implementar un mecanismo de gradualidad para que las empresas entreguen un producto de equivalencia “con garantía” mientras dure la adaptación a la nueva normativa.
Fernando Saiz, director de Estrategia y Regulación de Movistar, dijo que es una idea positiva que cada cliente tenga un software que le permita medir la velocidad, siempre que ésta sea representativa, midiendo promedios de uso durante un espacio de tiempo. De lo contrario, dijo, se generará una “industria del reclamo”, lo que no es bueno para ninguno de los actores del sistema.
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