En el marco de la acción legal que interpuso el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en contra de VTR por mala calidad de internet, la compañía filial de Liberty elevó el tono de la discusión en tribunales y acusó a la autoridad de continuar con un "juicio popular" y un "efecto manada" en redes sociales.
En julio, la entidad encabezada por Lucas Del Villar expresó que VTR ha cometido una serie de falencias en su servicio de internet, tales como "intermitencias constantes"; "incumplimientos de los niveles de navegación contratado, tanto en los niveles mínimos como máximos, además de deficiencias en su sistema de atención al cliente y servicio técnico". Según el Sernac, sólo desde marzo a junio, recibió más de 11 mil reclamos contra VTR lo que representa un aumento de casi 270%, la mayoría por problemas de señal en servicios de internet.
En este proceso, los abogados Nicole Nehme y Nicolás Ubilla, socios de FerradaNehme, presentaron dos escritos de parte de la compañía estadounidense. El primero es un recurso de reposición en contra de la resolución del 5 de agosto que declaró admisible la demanda del Sernac. Mientras que el segundo es su oposición a la medida precautoria que solicitó el 1 de septiembre la autoridad de congelar el cobro de planes de internet que han sido cuestionado por sus usuarios.
Se trata de cobros por servicios no prestados -suspensión, interrupción o intermitencia del servicio- o prestados deficientemente, respecto de los tres planes de internet incorporados en la demanda y en la publicidad de VTR, es decir, el Plan Mega 200; el Plan Mega 500 y, finalmente, el Plan Mega 600.
Sin embargo, antes de acceder a la petición, el tribunal solicitó conocer la posición de la demandada y ofició a la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) para que informe la cantidad de reclamos efectuados en contra de VTR, correspondientes al servicio de internet fijo, o internet hogar, desde el periodo octubre 2019 a la fecha.
Frente a la petición, VTR lanzó una férrea oposición, indicando incluso que podría terminar en la quiebra. "El Sernac ni siquiera precisa a qué clientes debiera beneficiar la medida precautoria. A pesar de que alegue que existen miles de reclamos, una gran mayoría del universo total de clientes de VTR no ha manifestado disconformidades con los servicios. De hecho, VTR no ha perdido clientes de manera sustantiva durante la pandemia, lo que revela que los reclamos recibidos están lejos de ser masivos o generalizados, especialmente para una empresa que presentaba, a marzo de 2020, según los datos que entrega la Subtel, 1.331.835 clientes abonados al servicio de internet", sostuvo en un escrito presentado al tribunal el pasado sábado.
"La medida precautoria solicitada no resulta ser provisoria ni instrumental, toda vez que, de decretarse en los términos amplios que el Sernac la pide, terminará siendo una resolución que hace inviable la operación de VTR y la condena a la quiebra", aseguró la empresa.
En este sentido, la compañía indicó que Sernac priva a VTR de los ingresos que lícitamente obtiene en el ejercicio de una actividad económica fuertemente regulada, lo que implicaría no sólo ponerla en serio riesgo, sino además incurrir en una suerte de "expropiación indebida en prejuicio de VTR, así como en un enriquecimiento sin causa para quienes usen el servicio gratuitamente", remató.
Su análisis va más allá y arroja que también para la industria en general habrá un perjuicio, ya que no determina cuál es el conjunto de clientes al que alcanzaría su petición, ni tampoco el rango de tiempo por el cual se pide. Advierte que en caso de accederse, VTR podría verse impedida de cobrar la tarifa a sus abonados por el servicio de internet durante seis a ocho años, tiempo que duran generalmente procedimientos colectivos como el iniciado por la demanda.
"Ello, irreparablemente, llevaría a la empresa a una situación financiera crítica, con lo cual estaría impedida de servir a sus miles de clientes, esta vez sí de manera permanente", precisó.
A modo de fundamentar la oposición, VTR adjuntó un informe elaborado por Juan Carlos Marín González, profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Chile y profesor de Derecho Civil y Teoría General del Proceso en el Tecnológico de Monterrey (TEC). El experto concluye que "la medida es extremadamente dañina e invasiva respecto del patrimonio del demandado, sin que como contrapartida se produzca algún beneficio para el actor. La medida, por tanto, no cumple con el principio de proporcionalidad que prevé nuestra legislación en el art. 298 del CPC".
Al respecto, Sernac contestó: "La medida sería respecto a aquellos que no están recibiendo el servicio, no obstante, probablemente aportaremos más antecedentes, y en el camino puede sufrir modificaciones según el avance del proceso, pues todavía no ha sido otorgada por el tribunal. De todas maneras, independiente de ello, no afecta el resultado de este juicio para efectos del consumidor y el objetivo final".
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