El semanario británico The Economist realizó un análisis de la actual situación por la que atraviesa el país. En una nota, se refirió al cambio de gabinete realizado el lunes pasado y los bullados casos que han provocado la desconfianza de los ciudadanos, tanto hacia la gestión de la Presidenta, como hacia las instituciones del país.
"Que la actual presidenta, Michelle Bachelet, sintiera la necesidad de sacar a su ministro de Hacienda -y una serie de otros ministros del gabinete - después de catorce meses en el puesto sugiere la gravedad de la crisis que enfrenta", sostiene el artículo. Además, señala que la agenda de reformas de Bachelet "parece ser impopular, como ella". Se suman a esto expectativas "tibias" en la economía y el revuelo causado por el caso Caval.
El medio británico agrega que en este contexto la Mandataria tomó una "drástica acción", y que tras un fin de semana de encierro volvió a La Moneda para anunciar "el mayor cambio de gabinete en años".
El artículo también resalta al nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
"Economista de sólida trayectoria, no sólo en el FMI y el Banco Central sino también en el sector privado en Barclays Capital en Nueva York y BTG Pactual, un banco brasileño de inversiones. La bolsa de valores respondió con un rally: el IPSA cerró con su nivel más alto en dos años. Muchos de ellos detestaban a su antecesor, Alberto Arenas, quien supervisó controversiales reformas en impuestos el año pasado", añade.
A su vez, The Economist sostiene que tras el nombramiento de Jorge Burgos en el Ministerio del Interior, se convierte en el "líder de facto" de Bachelet.
"Un abogado, con una actitud calmada y dos décadas de experiencia en el gobierno y en el Congreso, él es un democratacristiano, lo que lo hace moderado en la coalición centro-izquierda gobernante. Es probable que sea menos áspero que el retirado Rodrigo Peñailillo, que era impopular en la centro-izquierda", consigna.
El artículo, si bien señala que el cambio de gabinete era necesario, sostiene que el próximo 21 de mayo, Bachelet "esbozará sus planes de acción para el año restante. Pero su gobierno será juzgado durante los tres años que le quedan en el cargo, en sus políticas, y no a quien ella designe para ponerlas en práctica".
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