La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó hoy un recurso de amparo presentado por el defensor público de Rafael Garay, por considerar que se habrían vulnerado sus derechos constitucionales al ser detenido en Rumania antes de que emanara una orden por parte de la justicia.
Según se explicó por parte de la defensa, la alerta roja emitida por la policía chilena contra el ingeniero comercial, debía haberse emitido con la autorización de la Corte de Apelaciones.
En fallo unánime, la Octava Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Carlos Gajardo, Adelita Ravanales y Juan Antonio Poblete– rechazó la acción cautelar presentada, tras establecer que la alerta roja en contra de Garay Pita se dictó ajustada a la ley.
"Aparece que la recurrida actuó cumpliendo órdenes emanadas del Ministerio Público y que la Notificación de Alerta Roja, no puede entenderse, necesariamente, como una forma de privación de libertad de una persona, si se atiende a lo señalado en el Reglamento de Interpol sobre el Tratamiento de Datos. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 82, las notificaciones rojas se publican a petición de una Oficina Central Nacional o de una entidad dotada de competencias en materia de investigación y enjuiciamiento penal, para solicitar la localización de una persona buscada y su detención o limitación de desplazamientos con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medida jurídicas similares", sostiene el fallo.
Resolución que agrega: "Si se considera que la recurrida actuó en conformidad a lo establecido en el citado Reglamento, no resulta posible atribuirle acto alguno que afectare la libertad del amparado, no siendo su cometido ilegal o arbitrario, sin que tampoco sea posible dejar sin efecto la mencionada notificación, menos aún si se tiene en cuenta que ella produjo el propósito perseguido, pues es público y notorio que actualmente el amparado está plenamente localizado y pesa una orden de detención en su contra, dispuesta por una autoridad facultada para ello, todo lo cual conduce al rechazo del recurso".
Cabe recordar que a fines de noviembre Garay fue formalizado en ausencia en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que acogió tanto la solicitud de extradición presentada por la Fiscalía Centro Norte, como el requerimiento de los querellantes para que el imputado quede en prisión preventiva.
Estafa y apropiación indebida de $ 1.800 millones por medio de su empresa Think& Co, es lo que investiga el Ministerio Público.
La pena que arriesga Rafael Garay va desde los 5 a los 10 años de cárcel.
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