Con el requerimiento de Julio Ponce Lerou, ya son cuatro los multados por el caso Cascadas que han llegado hasta el Tribunal Constitucional (TC) a buscar que se les rebaje la multa interpuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y con uno –Roberto Guzmán Lyon- que ya ganó el gallito logrando que la infracción pase nada menos que de 550 mil UF a 15 mil UF, lo que puede ser considerado como un precedente para los otros tres casos que están en distintas etapas, generando la preocupación de algunos en la industria que señalan que “es muy grave para la regulación financiera”, añadiendo que incluso pude traer problemas para el proyecto de la próxima Comisión de Valores.
Pero para los que están impulsando la creación del nuevo ente regulador del mercado financiero, no hay mal que por bien no venga, ya que consideran que la sentencia del TC favorable de Guzmán Lyon se dio en el momento justo, ya que el proyecto aún está en la comisión mixta en el Congreso, por lo que existe margen para mejorar la parte sancionatoria.
Uno de los participantes de esta instancia es el diputado Fuad Chahin, quien señala que “tenemos la oportunidad para resolverlo definitivamente para que no exista ningún tipo de interpretación que permita situaciones como ésta”.
Es por ello que el legislador espera que en un máximo de dos semanas se reúna la comisión con el fin de sacar el proyecto adelante y donde se pondría especial énfasis en este ítem.
“Hay que dejarlo bien resuelto en este proyecto para que quede claro cuál es la ley aplicable y los catálogos de sanciones, además un procedimiento que garantice no sólo el debido proceso, sino que también sea robusto en el ejercicio de la potestad sancionatoria”, sostuvo el diputado.
Determinar el monto de la sanción
Hugo Caneo, ex jefe del Área de Cumplimiento de Mercado (Acme) de la SVS, también señala que éste es un buen momento para revisar el régimen sancionatorio del próximo regulador “en especial dado los lineamientos que planteó el Tribunal Constitucional”.
En este sentido, indicó que un punto clave que hay que cambiar y que ha sido cuestionado por el TC, es determinar cómo el regulador llega al monto de sanción, donde por ejemplo, en España se establecen límites de acuerdo a la gravedad de la conducta, los cuales tienen agravantes y atenuantes, parecido a lo que actualmente existe en el código penal.
“Se busca una debida justificación al monto, que el tribunal no solamente vea la gravedad de la conducta, sino además diga cómo esa gravedad se relaciona con el monto que se está determinando...no puede ser una cuestión que sea de carácter discrecional sin una mayor relación a algún elemento de carácter objetivo”, dijo.
El rol sancionatorio de la Comisión
Con todo el proyecto considera que la investigación seguirá radicada en la Unidad de Investigación a cargo del fiscal, mientras que la primera decisión sancionatoria se mantendrá en la autoridad del superintendente.
Pero habrá una instancia de apelación administrativa, y será la nueva Comisión del Mercado Financiero, cuerpo colegiado de cuatro miembros -denominado como el segundo piso- la que podrá revisar la decisión, lo que daría una mayor legitimidad a la sentencia que se adopte finalmente, ya que según lo indicado por el proyecto, “alcanza un estándar de fundamentación suficiente para superar una instancia de revisión que la confirma y la corrige”.
Nueva Comisión Financiera
Su rol
La idea del ejecutivo es la creación de un cuerpo colegiado, cuyas funciones principales serán ejercer potestades regulatorias y sancionadoras para el conjunto del mercado financiero.
Otras competencias
En un principio la entidad llevaría a cabo esas funciones respecto de la SVS y posteriormente la SBIF, sin perjuicio de que un estudio más acabado del sistema global pudiera hacer aconsejable reconocerle ámbitos de competencia respecto de otras materias sectoriales.
Número de miembros
La nueva Comisión tendrá una estructura de gobernanza colegiada de cuatro miembros.
Rol de las Superintendencias
Las Superintendencias seguirán ejerciendo las potestades necesarias para cautelar en forma oportuna y eficaz la estabilidad y correcto funcionamiento del mercado específico de su competencia.
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