Finalmente la justicia comenzó a tramitar la solicitud de extradición en contra del fugado ingeniero comercial, Rafael Garay, quien fuera detenido el viernes pasado en Rumania, y que permanece con arresto domiciliario en Rostov..
En la audiencia formalización en ausencia, la jueza del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Paola Rabinovich, decidió acoger la solicitud de extradición, tras el requerimiento presentado por la Fiscalía Centro Norte, y consideró pertinente solicitar a la Justicia rumana que el imputado quede en prisión preventiva.
Con la resolución, la decisión final quedará en manos de la Corte de Apelaciones, hasta donde serán remitidos los antecedentes para resolver la solicitud formal de extraditar al ahora formalizado ex economista.
Garay enfrenta cargos por 37 denuncias de estafa, con carácter reiterado, por un monto cercano a los $1.700 millones.
Además, el tribunal rechazó la solicitud presentada por la defensoría pública de fijar un plazo para la investigación, ante la incertidumbre de si Garay volverá finalmente al país para enfrentar los cargos en su contra.
Durante la audiencia de formalización en ausencia se conocieron detalles de las 37 víctimas de estafa que denunciaron al ingeniero comercial, entre ellas la de una compañera de colegio quien invirtió en Think & Co, perteneciente a Garay, un total de $ 93 millones que recibió como herencia tras la muerte de su padre.
En su exposición, el fiscal José morales detalló que "Garay Pita se habría enterado que la víctima recibió una herencia que ascendería a la suma aproximada de 93 millones de pesos. Es por eso que decide contactarla por teléfono y en estas conversaciones es que ella le solicita asesoría sobre dónde invertir dicho dinero, a partir de lo cual Garay Pita le señala que tiene una empresa llamada Think & Co, la que se dedica a asesorar a clientes de alto patrimonio".
"Si bien al principio la víctima desconfió del negocio por el nivel de insistencia que mostraba Garay Pita, finalmente se convenció de invertir con él pues el nivel de ganancia ofrecido, que era de un 18 por ciento garantizado, superaba con creces lo que le ofrecían los bancos", añadió.
Tras concluir la audiencia, Morales detalló que la pena que arriesga el ingeniero comercial va desde los 5 a los 10 años de cárcel.
Respecto de la análisis realizado por el tribunal respecto de que Garay minitió sobre su enfermedad, Morales comentó que "nosotros creemos que eso es parte del engaño para el efecto de que las personas no sacaran los dineros y así tener un plazo suficiente para poder salir del país".
Además detalló que la solicitud de prisión preventiva "obviamente esto no es una prisión preventiva para el Estado requerido sino que establecimiente de los mismos requisitos de prisión preventiva para los efectos de conceder una extradición".
Finalmente explicó que, según la investigación que lleva adelante, "esta persona (Garay) aparentó un negocio, aparentó una sociedad, aparantó la existencia de asesores, aparentó la existencia de inversiones en el mercado extranjero, en el mercado de divisas, de apoyar a supuestas empresas 'verdes', todo lo cual el único objeto que tenía era obtener dinero del público y estos dinero no fueran invertidos, y ganarlos a su favor y poder gastarlos".
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