Desde un ex superintendente de Valores y Seguros, hasta uno de los más importantes ejecutivos del mercado de capitales local, todos coinciden en la necesidad de modernizar la forma y fondo en que el regulador ejerce su labor. Y no sólo en cuanto a la figura unipersonal que hasta hoy asume el cargo, sino que también en la manera en cómo se llevarán, luego de la aprobación del proyecto, las acciones investigativas y de aplicación de sanciones.
Asimismo, destacan la importancia de que la nueva institucionalidad cuente con independencia política del gobierno de turno, lo que le entrega mayor libertad fiscalizadora, además de la independencia en términos normativos que se le entrega al nuevo organismo, lo que le da la potestad de dictar normas sin la necesidad de tener que pasar necesariamente por el Congreso Nacional, situación que implica necesariamente un trámite de mucho mayor tiempo.
"Se cumple lo que nos pedían los organismos internacionales"
Para el ex superintendente del ramo, Alejandro Ferreiro, el proyecto de ley de Hacienda va en la línea de la necesaria modernización que debe tener el ente regulador. A su juicio, este marco normativo coincide con las propuestas de la Comisión Desormeaux "y con lo que varias veces nos habían recomendado organismos internacionales que miraban con cierta preocupación que los órganos encargados de la supervisión financiera en Chile estuvieran conducidos por autoridades unipersonales de designación política y que eventualmente pudieran ser removidos al arbitrio del presidente de la República".
En esa línea, el ex titular de la SVS sostuvo que si bien Chile ha tenido experiencias adecuadas en la gestión concreta del organismo, "no era gracias al modelo, sino a pesar del modelo". En cuanto a la mayor independencia para dictar normas, Ferreiro dijo que en la medida en que el Congreso le reconozca capacidades sin tener que pasar por ley, se le otorgarán competencias normativas para reaccionar a tiempo a mercados que son mucho más dinámicos a la capacidad de reaccionar por ley.
Eso sí, Ferreiro planteó sus dudas sobre la viabilidad de una rápida aprobación en el Congreso, tomando en cuenta el actual escenario político.
"Un regulador colegiado nos pone a la altura de países desarrollados"
En opinión del director ejecutivo de IM Trust, Guillermo Tagle, había desde hace mucho tiempo en Chile una necesidad de modernizar el órgano regulador del mercado. "Un regulador de mercado de capitales con independencia, colegiado, le da fortaleza y lo pone a la altura de los mercados desarrollados", dijo.
En ese sentido, destacó que el hecho de que la Comisión de Valores separe los roles de investigación y sanción, "es súper positivo porque me imagino que el rol del superintendente es tremendamente incómodo cuando tiene que ser el que investiga, resuelve y finalmente sanciona".
Para Tagle, la actual figura unipersonal tiene la carga de ser nominado por el presidente, "lo que se traduce en que pueda ser evaluado, juzgado y contaminado por temas políticos coyunturales que no tengan nada que ver con la fiscalización del mercado de capitales".
En cuanto a la viabilidad política de aprobar el proyecto, sostuvo que espera que el Congreso pueda seguir avanzando en temas que tienen una gran ventaja para el país, como también lo es la Ley Única de Fondos. "Son proyectos muy relevantes para el país y la verdad es que muy poco visibles desde el punto de vista de la coyuntura política", apuntó.
Hacienda: propuestas de cambios normativos deberán contar con estudios previos
Una vez aprobado en el Congreso el proyecto de ley que transforma a SVS en Comisión de Valores y Seguros, una serie de cambios de forma y fondo se producirán en el regulador del mercado.
Desde Hacienda, señalan que una de las principales modificaciones es establecer por ley la obligación de someter a consulta pública las nuevas normativas que emita, "lo que busca dar oportuno conocimiento a los interesados y público en general de los alcances de esos proyectos normativos y asimismo recoger observaciones o comentarios que pueden ser valiosos para el proceso regulatorio".
A ello, agregan otro cambio sustancial, como es la incorporación de un sistema integrado de evaluación de impacto regulatorio como parte del proceso de emisión de normas.
Al respecto, detallaron que "las normas dictadas por la institucionalidad deberán contar con estudios previos que incluyan, entre otros aspectos, una definición adecuada del problema a abordar, la justificación de la intervención del órgano regulatorio, la evaluación del uso de la regulación en comparación con otros instrumentos de política pública, y la determinación de la base jurídica para dictar la regulación, antecedentes que deberán también ponerse a disposición del mercado previo a la emisión de nueva regulación".
Otro de los aspectos que destacaron, es que el proyecto también busca profundizar las garantías del debido proceso en las investigaciones y procedimientos sancionatorios desarrollados por la Comisión, y que introducen "mejoras en el régimen de recursos jurisdiccionales que proceden en contra de sanciones que pueda aplicar la Comisión. Se contempla un mecanismo más expedito de revisión judicial que permitirá una conclusión de esos procesos más cercana a la fecha en que ocurren los hechos sancionados, lo que contribuye a reforzar los efectos disuasivos de las sanciones impuestas por la Comisión".
Aunque el proyecto aún debe ser ingresado al Congreso, en la cartera hay optimismo.
"La necesidad y urgencia de avanzar en una reforma institucional al regulador de mercado de valores y seguros es una materia en la cual existe consenso transversal en nuestro país hace bastantes años", respondieron desde el ministerio.
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