El proceso por el llamado Caso Intervalores sigue avanzando, con la incorporación de nuevas víctimas. Después de investigar causas fuera de Santiago, ayer la Fiscalía reformalizó a Gabriel Urenda, dueño del holding Intervalores, y Sebastián González, quien fuera su gerente comercial.
Con la gran mayoría de las causas incorporadas, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, sostiene que el número de afectados ronda las 80 personas y que el daño patrimonial es de aproximadamente $ 12 mil millones.
Como adelantó DF, el Ministerio Público decidió postergar la formalización de Ricardo Espinoza, dueño de la firma Resso S.A., por operaciones supuestamente fraudulentas con facturas que han sido cuestionadas por los querellantes.
Si bien el fiscal Sepúlveda sostiene que es prematuro establecer posibles penas, la sanción a la que apuntará dependerá de si los implicados indemnizan a las víctimas, lo que se considera como un atenuante de responsabilidad en la ley.
“Si ellos no reparan a las víctimas espero que las penas sean altas y que sean privados de libertad, más de cinco años en la cárcel”, indicó el representante del Ministerio Público a la salida del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. “Si se repara económicamente, ahí se puede negociar”, agregó.
Por mientras, la investigación sigue adelante. Además de las diligencias que quedan pendientes en torno a los negocios de facturas que conectan a Urenda con Resso –en los que no está implicado González–, queda pendiente una pericia contable para determinar específicamente los perjuicios a cada uno de las decenas de querellantes y para comprobar si es que efectivamente se realizaron inversiones en Intervalores y cuántos fueron sus montos.
El Caso Intervalores contempla distintas aristas. Además de las facturas que nunca se pagaron a nueve firmas de factoring, hay remesas de la exportadora Panor que supuestamente no se habrían realizado y decenas de mandatos de inversiones que no se habrían hecho, según los querellantes.
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