por m. villena/i. rojas
El diagnóstico es claro y transversal: La institucionalidad normativa del regulador del mercado de valores y seguros local no avanza a la misma velocidad que el desarrollo que ha tenido en los últimos años el sector financiero. Es así que, luego de que el Ejecutivo anunciara el envío al Congreso del proyecto que crea la Comisión de Valores y Seguros, el actual superintendente del ramo, Fernando Coloma, se muestra confiado en que este paso es el más adecuado como respuesta institucional para cumplir con los “mejores estándares y avanzar en un mercado más profundo”.
En esa línea, Coloma destaca el hecho de que el organismo sea ahora colegiado, lo que entrega mayor independencia -al tener miembros permanentes que duran seis años- le otorga mayor continuidad institucional y también independencia del ciclo político. Asimismo, valora avances dentro del proceso investigativo y sancionatorio, el que, por ejemplo, contempla la figura de la delación compensada.
- ¿Cómo queda Chile a nivel internacional con esta reforma del ente regulador?
- Había recomendaciones de avanzar hacia una Comisión de Valores, y esto nos pone en línea. Pero esta Comisión también trata de mejorar toda la acción de intercambio de información con reguladores internacionales y crea mecanismos que mejoran esos procesos.
- ¿Qué tipo de información?
- Información reservada que pueda ser útil para hacer seguimiento a operaciones sospechosas. De todo tipo, desde problemas de manipulación de mercados, que puedan estar interconectados, información privilegiada, y otras cosas que revisten carácter de delito.
- ¿Sólo con reguladores internacionales o también para Chile?
- A nivel local, el proyecto contempla un avance en tratar de buscar fórmulas hacia delación compensada, en términos de que las personas que den información tendrán reducción en sus sanciones. Hay una mejora integral en distintas dimensiones.
- ¿Cuánto durará el período de los miembros de la Comisión?
- El presidente de la Comisión de Valores coincide con el período presidencial, y es elegido por el presidente de la República. Los otros consejeros tienen períodos distintos y son aprobados por el Senado con los cuatro séptimos del quórum. Se van a ir renovando por parcialidades. Ahora, lo importante es que esta combinación es muy lógica, porque hay que conjugar la ecuación entre las políticas económicas del gobierno de turno y la SVS, que haya una comunión en la visión. Sería discordante que el regulador y el gobierno no tuvieran una visión común.
- ¿A qué se refieren específicamente lo de mayores atribuciones normativas?
- Es un espectro amplio, hay muchas necesidades de mercado. En muchos temas puntuales se necesitarían cambios inmediatos, pero hay que pasar por Hacienda y un proceso largo, tedioso e incierto que necesita pasar por el Congreso. Esto apunta a cosas como límites de inversiones, por ejemplo, que nosotros debiéramos regularlo directamente, o algunas necesidades de mercado, de forma mucho más rápida y expedita.
- ¿Como aspectos de la Ley Única de Fondos?
- Algunas cosas sí.
- ¿Y la labor investigativa?
- Aquí hay un avance en separar funciones. Hoy el superintendente formula cargos y también tiene atribuciones en caso de proceder éstos. Ahora, si bien esas son las atribuciones, en la práctica todo el proceso es bastante más colegiado, porque los procesos de formulación de cargos son discutidos con las áreas de cumplimiento de mercado, fiscalía de valores o de seguros, con los intendentes, y hay un comité de sanciones, pero claro, uno es el que pone la firma. La nueva estructura da muchas más garantías de cautelar el debido proceso y separa la figura al crear una unidad, un fiscal, que estará a cargo de la investigación, con una unidad y recursos que se van a reforzar.
- ¿Y en el caso de recurrir a la justicia cómo se va a proceder ahora?
- Hoy los afectados por una sanción del regulador pueden recurrir de reposición a la SVS o presentar un recurso de reclamación ante los tribunales ordinarios, pero el gran problema en estos casos es que éstos no son especializados. Ahora, se incluye la posibilidad de que pase directamente a la Corte de Apelaciones. Con esto, los procesos serán más ágiles y expeditos. Estamos más consientes que nadie de que esos procesos deben resolverse en tiempo y oportunidad, y a veces los tribunales fallan en cinco u ocho años.
- ¿Cómo prevé que se va a desarrollar el trámite legislativo para este proyecto?
- Siendo un tema de largo plazo y que ha sido sugerido por organismos internacionales insistentemente, debiera haber una voluntad muy clara de avanzar. Ahora, siempre hay elementos externos, y uno nunca puede aventurar la velocidad legislativa, porque depende de qué otros proyectos puedan haber.
Cooperación con más reguladores
- ¿Cómo será el trabajo operativo diario de la Comisión?
- La Comisión, dentro de sus atribuciones, tiene que fijar el reglamento de funcionamiento, y establecerá la forma. Estará concentrada en temas más macro. La parte más ejecutiva y la representación de la SVS estarán a cargo del presidente de la Comisión.
- ¿Hay un incremento en el presupuesto?
- Sí, efectivamente esto contempla un aumento en el presupuesto para reforzar las áreas que tienen que ver con esta unidad de fiscalización que se potencia con procedimientos más rigurosos.
- ¿De qué proporción es y cómo se va a potenciar?
- Hay un reforzamiento de la unidad del fiscal, y en las áreas de regulación, que es donde se emiten las normativas. También se fija un mayor estándar en el proceso de justificación de las normativas. Hoy se justifican los cambios a las normas, pero los estudios de los beneficios de la discusión de por qué es importante tendrán una mejora en sus estándares. No significa que hoy no los hayan.
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