Solo quedan dos meses y medio para que termine el año y se avecina el plazo de definiciones para la búsqueda de un acuerdo en materia de pensiones.
Esto, con miras a cumplir con el cronograma fijado por la comisión de Trabajo del Senado que implica despachar la reforma a tercer trámite (retorno a la Cámara de Diputados) en el plazo máximo de enero de 2025.
Junto con el estudio del proyecto de ley por parte de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado -que aprobó cuatro temas ad referendum- hay otras instancias que avanzan en paralelo en temas más complejos. La mesa técnica es una de ellas.
La licitación sería “ciega” para todas las gestoras (incluido el oferente). Es decir, solo se sabría el grupo del 12,5% de las personas que participarían de la subasta después de que el proceso sea adjudicado a la entidad que ofreció la menor comisión.
La instancia coordinada por el economista y asesor del Ministerio del Trabajo, Cristóbal Huneeus e integrada por la exministra María José Zaldívar; las economistas Paula Benavides, Cecilia Cifuentes y Soledad Hormazábal; el exsenador Juan Pablo Letelier y el asesor legislativo, Hermes Gutiérrez, avanza en cambios a la propuesta de licitación del stock, que ha sido una de las medidas que ha tomado fuerza, pese a las fuertes críticas que ha recibido por parte de la industria de administradoras de fondos de pensiones (AFP).
Diversas fuentes confirmaron a DF que la nueva fórmula que estaría barajando la mesa técnica implica cambios relevantes a la propuesta inicial.
El grupo de expertos estaría evaluando que se licite el 12,5% de la cartera de antiguos afiliados cada dos años y que la gestora (hoy AFP) que se adjudique la subasta deberá mantener la comisión por un período de 16 años.
Actualmente, el proyecto de ley que está en el Congreso establece licitar el 10% anual y que la comisión se mantenga por 10 años.
Juan Pablo Letelier, exsenador y representante del senador Saavedra (PS). Cecilia Cifuentes, economista y representante del senador Coloma (UDI). Soledad Hormazábal, economista y representante del senador Cruz-Coke (Evo.). María José Zaldívar, exministra y representante del senador Galilea (RN). Paula Benavides, economista y representante del senador Saavedra (PS). Cristóbal Huneeus, economista y coordinador de la Mesa Técnica.
Además, cercanos a las conversaciones aseguraron que la licitación sería “ciega” para todas las gestoras (incluido el oferente), vale decir, que solo se sabría el grupo del 12,5% de las personas que participarían de la subasta después de que el proceso sea adjudicado a la entidad que ofreció la comisión más baja.
La licitación resguardaría el derecho a elegir por parte de los afiliados, de manera que las personas puedan decidir quedarse en su AFP de origen y no ser traspasados a la que ganó la subasta, aunque se espera que los que decidan optar por la nueva alternativa sean un porcentaje mayor.
Otro de los resguardos que se buscarían implementar es que exista información transparente y objetiva a los afiliados durante la ventana para tomar la decisión de cambiarse o no, aunque los detalles de esa materia dependerán de la definición del regulador en el proceso normativo.
Además, al interior de la mesa técnica predominaría la mirada de que, para avanzar hacia una licitación del stock, esta debe realizarse sin una participación estatal, si no que con competencia entre gestoras privadas.
Lo anterior, no logra apaciguar el ruido que existe en el mercado, pues los detractores señalan que quedaría establecido en esta reforma, pero podría ser cambiado a futuro a través de un proyecto de ley.
Traspasos de activos
Una de las preocupaciones de los técnicos y que también forma parte de las inquietudes de miembros de la mesa de expertos -en la que además participa la Superintendencia de Pensiones y la Dipres- es el resguardo de las rentabilidades en el mecanismo de traspasos de activos.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, aseguró esta semana a DF que “el diseño de la licitación de stock contempla medidas que aseguran que no habrá un impacto en las inversiones previsionales y, en particular, en activos alternativos, manteniendo el objetivo fundamental de bajar las elevadas comisiones que pagan actualmente los afiliados a las AFP”.
¿Cómo se haría? La autoridad especificó que “como resguardos, a cualquier efecto negativo en las inversiones previsionales, se propone que los futuros inversores deban efectuar traspasos de títulos hacia el inversor adjudicatario de la licitación, sin necesidad de liquidar las inversiones en el mercado”.
Además, señaló que “se propondrá que los traspasos sean a prorrata de las inversiones existentes en las entidades de origen y, en caso que existan activos no transferibles, estos no se traspasen”.
En tanto, en el caso de los alternativos, la titular de Trabajo manifestó que “estos representan actualmente menos del 10% del portafolio de los fondos previsionales, representando menos de 1% de las inversiones a ser traspasadas, por lo cual se pueden excluir del traspaso obligatorio sin afectar la viabilidad de la licitación ni las inversiones previsionales”.
Críticas al enfoque en precio
Junto con el problema que podría generar el traspaso de fondos, la industria ha levantado la idea de que es un error hacer una licitación de afiliados antiguos y enfocarse simplemente en el precio y no mirar otras variables, como la rentabilidad.
Para hacer frente a ese cuestionamiento, la reforma se acompañaría de un mecanismo de “premio y castigo” según el desempeño de los fondos, de manera que cuando la performance de la gestora sea mayor al benchmark (cartera de referencia), tenga un premio y cuando sea al revés, un castigo.
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