Funcionarios en paro acusan al Ejecutivo de mentir y gobierno descarta quiebre interno

El paro sigue y el desgaste se aprecia tanto en el Registro Civil como al interior del gobierno, en un contexto en que ninguna de las partes parece ceder. El gobierno, a diferencia de días anteriores, salió con gran parte de sus ministros -Burgos, Díaz, y Blanco- a aclarar que para dar solución a la movilización, que se extiende ya por 31 días, depende de que los funcionarios del registro se acerquen a conversar.

Ayer, todo el movimiento estuvo centrado en el Ministerio de Justicia, hasta donde se trasladó el subsecretario del Interior, Mahmud Aluey, para revisar el estado en que se encuentra el plan de contingencia y si era posible algún tipo de acercamientos durante la jornada. Una aproximación, que hasta el cierre de esta edición, se veía compleja de concretar, pues pese a los contactos telefónicos que sostuvo por la tarde la ministra de Justicia, Javiera Blanco con la presidenta de la Asociación de Funcionarios del registro, Nelly Díaz, nunca fue posible llegar a acuerdo, menos cuando la dirigente exigía ser recibida en las dependencias del ministerio, sin intermediarios ni llamados telefónicos.

Con todo, en el gobierno apuestan a un pronto desgaste del movimiento, tomando en cuenta que la indignación de los usuarios afectados crece día a día. Por ello, ayer quisieron trasladar la responsabilidad de la continuidad del paro a los funcionarios, emplazándolos a explicar por qué aún no aceptan una propuesta que el martes había sido recibida satisfactoriamente por Díaz. "Esta ministra confía en el valor de la palabra, seguimos abiertos esperando la firma de este acuerdo, que fue acordado entre Nelly Díaz y esta ministra. No sólo hemos tenido reuniones dentro del ministerio, sino que fuera también. Antes de la movilización, durante, y hemos conversado varias veces por teléfono", explicó Blanco.

Este hecho fue desmentido por la dirigenta, quien señaló que en el transcurso del conflicto jamás ha visto a la ministra y anunció que se tomó la decisión de que hoy habrán "turnos humanitarios", para la entrega de pasaportes y cédulas.

La ausencia de Hacienda

El gobierno también salió al paso a quienes han comenzado a cuestionar la ausencia del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, durante el conflicto. Blanco enfática señaló que "este es un solo gobierno, y el gobierno ha hablado a través de esta ministra con una propuesta concreta, que obviamente hemos trabajado, con todos los ministros, Burgos ha estado permanentemente trabajando, Aleuy, el vocero y por cierto Valdés, todas las propuestas que tienen un impacto económico obviamente que tienen que ser trabajadas con Hacienda", indicó. Sin embargo, en privado en el gobierno, admiten que Teatinos 120 ha dejado "un poco de lado esta coyuntura", sin querer involucrarse directamente en la negociaciones.

El rol de la Contraloría

Ayer la contralora (s) recibió al director del Registro Civil. Luis Acevedo, quien fue a informarle del estado de la situación tras el paro, respondiendo a la solicitud realizada por el órgano fiscalizador el viernes pasado.

Así, se le hizo entrega del oficio, con los antecedentes de los sumarios que ya comenzaron su primera etapa de investigación. La Contraloría deberá evaluar si hace algún tipo de auditoría o sumario, en base a los antecedentes que se le han entregado, cuyos resultado podrían tardar meses.

Costo de la movilización superaría los US$ 300 millones
A más de un mes de iniciado el paro del Registro Civil, un análisis de Credicorp Capital evaluó en unos US$ 320 millones los costos que podría tener la paralización del Registro Civil.

Durante este período, se indicó, ha habido a lo menos 1,4 millones de trámites pendientes y 34.000 vehículos nuevos circulando sin patente. Cada mañana existe una fila de personas esperando horas para poder obtener algunos de los números de atención, lo que estiman representaría una carga de US$ 3,5 millones por las horas de trabajo perdidas.

Respecto a la no inscripción de vehículos, si se considera un monto promedio de $ 5 millones como crédito para adquirirlos, la detención de dinero por la no inscripción de vehículos llegaría a un monto cercano a los US$ 315 millones, lo que podría destinarse a otros fines en caso de destrabarse la inscripción.

Junto a esto, existen 2.000 conductores de camiones que no han podido operar por la no inscripción de sus vehículos, con una pérdida mensual en salarios y en entregas que podría llegar a US$ 1,2 millones para estas familias.

Si bien estos números no alcanzan a afectar significativamente el Imacec de octubre, el informe advierte que estas cifras tendrán impacto en algunos hogares del país.

También, precisan que se trata de una mala señal para la reforma laboral, cuyo punto más polémico es la eliminación del reemplazo en la huelga. "Si bien este evento del Registro Civil corresponde a un paro, y no a una huelga, sus altos costos económicos son un buen ejemplo de lo que implica no poder reemplazar a trabajadores en huelga", señala Credicorp.

El reporte añade evidencia internacional sobre detención de trabajadores fiscales. Asumiendo las diferencias, recuerdan que en EEUU, el "government shutdown" de 2013 dejó a 800 mil trabajadores sin empleos, con un costo de US$ 24.000 millones, restándole 0,6 punto porcentual al PIB de ese trimestre. En Inglaterra, la huelga de trabajadores públicos de 2011 tuvo un costo diario de 500 millones de libras. "Una mantención en el tiempo puede ser más costosa para el país, como la caída de 0,5 punto porcentual en el crecimiento anual de Nepal de 2012-2013 debido a la huelga general ocurrida en el país", señala el escrito.