Piden al gobierno regular conflictos de interés

La denominada Alianza Anticorrupción UNCAC, liderada en Chile por la Contraloría General y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó al ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, ocho iniciativas legislativas en favor de la lucha anticorrupción.

La propuesta apunta a mejorar la protección a los denunciantes, particulares y funcionarios del Estado; regular los conflictos de interés, la convocatoria y rotación de personal en las instituciones que aún no lo hacen; establecer el concurso público como regla general para acceder a cargos públicos; extender la aplicación del sistema de ChileCompra en el Estado; incorporar las normas UNCAC sobre recuperación de activos, decomiso, restitución y cooperación internacional al ordenamiento jurídico; extender la aplicación de los sistemas de integridad y los códigos de ética funcionaria; fortalecer las facultades sancionadoras y de control de las entidades fiscalizadoras; y ampliar la competencia del Tribunal de Contratación Pública a la ejecución de los contratos regidos por la ley de compras públicas.

La Alianza Anticorrupción se creó en 2012 y reúne a 27 organismos públicos, privados y de la academia con el propósito de generar acciones para fomentar la probidad en el país y promover la transparencia y ética.

El ministro Blumel informó que en junio o a más tardar los primeros días de julio el Ejecutivo presentará la agenda de probidad y transparencia en el sector público, donde se abordarán algunas de las propuestas que se le entregaron y además el nepotismo. “Será un conjunto de disposiciones con más transparencia y mayores garantías de que quienes ingresen al Estado lo hagan por mérito y capacidad y no por razones familiares o de otra naturaleza”, comentó.

Junto con valorar la celeridad con que el Ejecutivo trabaja con parlamentarios el proyecto de ley que aumenta las penas por delitos de soborno y cohecho, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, sugirió establecer listas negras para empresas que hayan sido penalizadas por estos delitos y que tengan prohibición de contratar con el Estado.