Presupuesto Base Cero: La mitad de los programas del gobierno no pasan vara para financiamiento

La elaboración de la Ley de Presupuestos 2021 ha sido un proceso distinto al de años anteriores. Y no solo porque ha estado cruzado por la emergencia sanitaria, sino también por la implementación del denominado “Presupuesto Base Cero”.

Esto último implica un cambio metodológico para diseñar el marco fiscal, intentando dejar atrás años de inercia en el crecimiento del aparato estatal. Así, se establece un mínimo de recursos para el funcionamiento de los servicios y el cumplimiento de sus leyes permanentes, mientras que cualquier recurso sobre dicho umbral deberá ser justificado por la repartición pública.

El proceso implica una exhaustiva revisión de programas y gastos en el aparato estatal, proceso que ha sido liderado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Subsecretaría de Evaluación Social.

La Dipres dio a conocer los avances de dicha revisión en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) de junio. En el reporte, la entidad revela que a la fecha se han analizado casi 700 programas en busca de eficiencias de gasto de cara a 2021.

De las casi 700 políticas escrutadas, el 52% pasó el filtro de Dipres y Evaluación Social, mientras que el restante 48% registró “observaciones”. O sea, que deberán ser objeto de mejoras en una próxima etapa para que el Gobierno le destine mayores fondos el próximo año.

El análisis considera la oferta programática implementada por el Estado durante 2019, cifra que según Dipres “es todavía una subestimación de la oferta vigente”.

El director de Presupuestos, Matías Acevedo, y la subsecretaria de Evaluación Social,
Alejandra Candia, lideraron la revisión de los programas.

“De hecho, en términos presupuestarios, lo monitoreado en 2019 cubre aproximadamente el 80% del gasto acumulado en prestaciones de seguridad social (subtítulo 23), transferencias corrientes (subtítulo 24) y transferencias de capital (subtítulo 33). Si se acota exclusivamente al subtítulo 24, la cobertura del monitoreo es del orden del 85%”, explica la Dirección de Presupuestos en el texto, en el cual no entrega detalles específicos respecto a qué programas y en qué carteras se radican las evaluaciones, debido a que es un proceso aún abierto.

Lo que se objetó

En el documento, se detalla que si bien es “conveniente” avanzar hacia una mayor cobertura de análisis, la oferta de casi 700 programas parece “excesiva y ciertamente fragmentada”.

Entre los argumentos, se expone que el 78% de las iniciativas corresponde a prestaciones en bienes y servicios y que existen más de 300 programas con presupuestos anuales menores a $ 2.000 millones.

“En contrapartida, los programas de transferencias, condicionadas o de libre disposición, acumulan el 68,3% del gasto total, siendo apenas el 22,7% de las iniciativas”, advierte Dipres (ver gráfico).

De la oferta programática que no pasó el filtro -por ahora-, la mayoría tuvo problemas de revisión de diseño: o sea, de eficacia, con evaluaciones en curso y ausencia de evaluaciones previas.

Luego le siguen las iniciativas condicionadas a revisión, lo que implica evaluaciones recientes con “malos resultados”, así como acumulación de “problemas, eficiencia y eficacia”.

Las otras dos áreas objetadas apuntan a problemas en el reporte de monitoreo (presentan información “incompleta” o indicadores “inadecuados”) y revisión de gasto administrativo (sus desembolsos de funcionamiento son superiores a la media de su grupo de referencia).

“En todo contexto y en particular en el actual, es fundamental revisar esta cuantiosa oferta y evaluar detenidamente no sólo la efectividad y eficiencia de los programas, sino también su pertinencia y complementariedad”, asegura el documento elaborado por la Dipres.

La cronología del proceso

• 8 de mayo
• El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, envió a los ministerios y servicios públicos la circular N° 21 en el que detallaba las bases de la nueva metodología y el marco en el que el aparato estatal deberá pensar su presupuesto para 2020.
• Hacienda y Dipres establecieron las restricciones a tres escenarios de gasto máximo posibles de solicitar, con un tope máximo de 90% del Presupuesto aprobado en la ley 2020. El restante 10% se discutirá en una etapa posterior.
• 5 de junio
• Fecha límite en la cual los servicios entregarán una primera contrapropuesta a Hacienda y Dipres en base a la metodología.
• De ahí, se abre un período de dos meses y medio en el que las partes trabajarán en el diseño fino del marco presupuestario, de cara a presentarle una propuesta definitiva al Presidente de la República.
• 30 de septiembre
• Fecha límite para que el Ejecutivo ingrese al Congreso el proyecto de ley de Presupuestos.
• Este año, debido a la aplicación del "Presupuesto Base Cero", Hacienda y Dipres adelantaron el proceso exploratorio del erario con los distintos servicios públicos.