El “zapato chino” del gobierno al negociar con movimiento “No+Tag”

Lo que se pensaba era un "gran acuerdo" se está transformando en un gran "dolor de cabeza" para La Moneda y en especial para los ministros de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y del Interior, Gonzalo Blumel, debido a que a pesar del entendimiento en varios puntos con representantes de los automovilistas del movimiento "No+Tag", siguen las movilizaciones y los bloqueos de vías.

A principio de diciembre, Moreno junto a representantes de usuarios de autopistas urbanas y gremios de transporte alcanzaron un protocolo de acuerdo sobre deudas y multas asociadas al uso del Tag, pero a pesar de que esos proyectos se están tramitando en el Congreso con urgencia, la presión en las calles no cesa.

Para el decano de la facultad de Ciencia Política y Administración Pública, Universidad Central, Marco Moreno, el caso de "No+Tag" demuestra que "se ha instalado un aprendizaje social complicado para el país, que tiene que ver con la idea de que quien más grita, presiona y se moviliza; es quien consigue objetivos. Ese es un precedente negativo para que funcione una democracia representativa".

Explica que "esto es causa de que quienes tendrían que representar esos intereses como los parlamentarios, no están haciendo bien su trabajo, entonces, se buscan mecanismos externos para exigir demandas y los grupos de presión recurren a esta estrategia".

Planteó que "claramente este movimiento "No+Tag", no sabemos bien a quiénes representan, quiénes están detrás de esto. Hay algo poco transparente que hace que se instale una mala lógica para construir políticas públicas, que es a través de la presión de la calle".

Moreno dijo que a raíz de los bloqueos de vías que han seguido ocurriendo "el gobierno especialmente el ministro del Interior y el del MOP, por intentar resolver un problema de orden público, como son estas manifestaciones en las calles, se están dando un disparo a los pies, porque se contradicen de la doctrina del gobierno en el sentido de que no se pueden realizar este tipo de acciones".

Enfatizó que "creo es un intento desesperado por resolver temas puntuales para evitar que escalen, pero con una mal diagnóstico sobre la profundidad del problema, esta no es una demanda social, técnicamente hablando, sino que una demanda de grupos organizados que presionan por conseguir determinados beneficios, pero instalan una opinión negativa en el resto de la ciudadanía, porque la gran critica que se hace es que estos grupos del Tag han sido los únicos beneficiados y la señalan entonces hacia adelante es, entonces, no paguemos el Tag, si sale gratis que después te lo condonen".

La acción judicial del Ministerio del Interior

En tanto, el senador y presidente de la comisión de Transportes del Senado, Francisco Chahuán (RN), lamentó que sigan las movilizaciones por este tema y planteó que "hay temas que están sobre la mesa y el gobierno ha tomado no solo opinión, sino que acción fundamentalmente con al abuso, particularmente respecto de que si un apersona es infractor por pasar por una concesión y le llegan seis partes de juzgados por una sola infracción. Esos temas deben ser resueltos o el poder terminar con reajustes de las concesiones".

Sin embargo, precisó que "una cosa muy distinta es que los manifestantes siguen impidiendo la libre circulación de las personas, porque están privando de un derecho fundamental a otros chilenos, por eso el llamado es a que aquellas personas a las que el gobierno hoy está prestando atención a sus temáticas no seguir bloqueando las carreteras".

Defendió el actuar del Ejecutivo en este tema en particular al indicar que, si bien no era prioridad social, "sí era una demanda, pero estamos viendo las otras en forma paralela, son cosas distintas y se puede trabajar en paralelo en varios temas".

Respecto a la manifestación de ayer en el sector oriente. Carabineros informó que arrestó a siete personas tras las protestas de este martes: tres por bloquear el tránsito, dos por desórdenes, uno por ocultar su patente y otro por participar en desmanes. Esta mañana, el Ministerio del Interior se querelló por Ley de Seguridad el Estado para evitar que este tipo de actos sigan ocurriendo.