Ex Masvida: acreedores reclaman US$ 238 millones, el doble de lo estimado

Al área chica entró la reorganización judicial de la exisapre Masvida.

Tras la aprobación del proceso concursal por parte del 1er Juzgado de Concepción, todos quienes tenían alguna deuda impaga verificaron sus créditos y montos ante el tribunal, nómina que arrojó un saldo total de de $ 154.368 millones en deudas, unos US$ 238 millones.

Este monto es el doble de lo que la propia aseguradora calculó al momento de presentar su solicitud de liquidación judicial en la que declaró pasivos por unos $ 65 mil millones.

La lista, elaborada por el veedor Patricio Jamarme, incluye a 988 acreedores entre los que se debería repartir los $ 27 mil millones que espera inyectar la ex isapre, una vez aprobada la quiebra.

La descomunal cifra revela la diferencia de la deuda que arrastra la isapre, tras la intervención de la Superintendencia de Salud.

Entre los créditos verificados, ya sea que fueron vistos por el tribunal o están en proceso de ser tramitados, destaca un cobro del Servicio de Impuestos Internos que entre multas y reajustes exige $ 17.826 millones.

Otro monto que llama la atención es el que reclama Hema, firma ligada al cuestionado asesor de la ex Masvida, Victoriano Cerda.

El consultor gestionó a fines de septiembre de 2016 la liberación de $ 24 mil millones en garantías de la ex Masvida, para pagar a Farmacias Cruz Verde, operación que le rentó $ 2.100 millones en comisiones.

Hema reclama $ 1.432 millones por sus servicios de asesoría, mientras que otro reclamo no esperado es el que viene de la propia Superintendencia de Salud, que pide $ 37.462 millones.

Trascendió que dicho monto corresponde a la diferencia del fondo de garantías a consecuencia de la liberación autorizada por el organismo en 2016.

Impugnaciones

Hasta hoy, los abogados asesores del administrador Robert Rivas, Nelson Contador & Cía, y todos los acreedores que así lo estimen, podrán impugnar los créditos verificados.

Por parte de Rivas, se espera el rechazo de unos 300 deudores, entre ellos Hema y el Servicio de Impuestos Internos. Esto porque, los $ 17 mil millones que exige la Tesorería General de la República primero deberían ser ratificados ante el Tribunal Tributario.

El pago que pide la superintendencia podría ser objetado por el veedor, dado que la reorganización judicial, deberá asumir el saldo pendiente una vez liquidadas las deudas cubiertas por los $ 83 mil millones que permanecen en garantías.

Según estimaciones, la impugnación de estos créditos podría disminuir la deuda en unos $ 50 mil millones. A esto se suman las objeciones de otros afectados y las presentaciones que puedan concretar los mismos acreedores sobre créditos de otros deudores.

Se estima que, entre Rivas y los acreedores, se presenten impugnaciones por cerca del 50% de las deudas exigidas en el proceso recientemente finalizado.

El tribunal deberá fijar varias audiencias para resolver estas diferencias, las que podrían concretarse hacia fines de agosto.

Carta de exgerente de Clínica de Concepción revela déficit de caja

Por medio de una carta, el exgerente general de la Clínica Universitaria de Concepción (CUC), Osvaldo Henríquez, hizo sus descargos y detalló las razones por la cuales dejó el cargo que asumió en marzo de este año, alejándose del holding al cual perteneció por más de 17 de años.

En el mensaje que remitió al directorio de la CUC y al presidente del holding, David Medina, el ejecutivo acusa que el hospital clínico está enfrentando un severo déficit de caja, que pone en riesgo la operación de la entidad, imposibilitando el funcionamiento de equipos, stock de medicamentos y cobertura de médicos de llamada.

La crisis, detalla en la misiva, se agudizó cuando el nuevo directorio de la clínica se hizo cargo del flujo de la caja de la entidad, determinando qué cuentas serán priorizadas, pagos que debían ser visados por el directorio.

"Al no poder ejercer las funciones propias de mi cargo, y tener como única alternativa ejecutar las decisiones del presidente del directorio, me fue imposible seguir", señala.

Acerca de la exigencia del reporte de uso de dineros provenientes de prestaciones médicas y que fueron desembolsados por la Clínica, Henríquez aclaró que en reunión con David Medina, presidente del directorio, le dijo que esto respondía a un desconocimiento del modelo de negocio que implementó desde el inicio de operaciones de la clínica.

En cuanto a la solicitud de reorganización judicial, Henríquez hace sus descargos sobre los efectos negativos que provocará la fórmula escogida por el directorio del holding. "Será más negativo que beneficioso... hay que señalar que la clínica se está financiando con sus proveedores y muchos de ellos saldrán perjudicados, dañando la relación comercial", cita.

En el documento, Henríquez también acusa que el directorio ha sido incapaz en levantar capitales y obtener caja para el pago de obligaciones a corto plazo y la búsqueda de un nuevo socio no se resolverá antes de 120 días, poniendo en jaque la operación del recinto en el corto plazo.