La Araucana: bonistas aprueban extensión de protección financiera

La protección financiera concursal de la que goza La Araucana, que se extiende por 30 días en el marco del acuerdo de reorganización judicial, podrá aumentar por 60 días más. Así se determinó ayer en la junta de tenedores de bonos serie E.

Es que era lo más indicado de acuerdo al interventor designado por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), Robert Rivas. "Nuestra sugerencia es que se haga a 90 días. A 30 días es impracticable y a 60 días tampoco se puede porque cae en febrero", explicó.

Además, se indicó en la junta que si el periodo de judicialización no llega a acuerdo en 30 días, la caja se podría ir a quiebra.

Si bien se generó todo un debate en torno a esta posibilidad, ya que existiría una asimetría de información entre los bonistas y los bancos acreedores -a juicio de algunos tenedores-, finalmente se aprobó por unanimidad.

Propuesta de solución

El interventor también destacó que junto a su asesor, Julio Acevedo, está elaborando una propuesta de solución ante la delicada situación de La Araucana.

En esa línea, negociará con un comité de cuatro bancos acreedores (Chile, Scotiabank, Bci y BancoEstado) y mantendrá conversaciones con Santander como el representante de los bonos -aprobado en la junta-, entidad que a su vez se reunirá con una comisión de bonistas integrada por las AGF de BICE Y BTG, LarrainVial Corredora de Bolsa y AFP Modelo.

Esta comisión -que fue propuesta con el objetivo de facilitar el proceso y la comunicación- fue aprobada en la junta, aunque con un voto en contra de Moneda y una abstención, de SURA.

Rivas dijo además que están investigando otros motivos que pudieran haber llevado a La Araucana a ser intervenida por la Suseso. Esto, aparte de los graves incumplimientos ante los reguladores, el fracaso de las negociaciones y la protección del rol social de la entidad.

El veedor

Por su parte, el veedor designado por el 25° Juzgado Civil de Santiago, Felizardo Figueroa, destacó que "este es un caso muy complicado y se tienen que responder muchas preguntas".

En esa línea, coincidió con el plazo recomendado por Rivas. "En 30 días esto no se arma. La propuesta del interventor es razonable", comentó.

Y agregó que "el interventor y su asesor tienen bastante experiencia en el área social y financiera".
Además, dijo que como veedor, quiere hacer "un levantamiento de la caja en términos de información financiera (...) Que la entrega de información sea abierta y transparente para todos".