Santander denuncia ocupación ilegal de su sucursal en Plaza Baquedano

Los hechos: a partir de las movilizaciones y disturbios producidos en el país desde el día 18 de octubre de 2019, la sucursal Plaza Baquedano de Banco Santander, ubicada en Irene Morales N°10 de la comuna de Santiago, ha sido objeto de reiterados actos de vandalismo.

Así parte la querella criminal que presentó la institución financiera en contra todos quienes resulten responsables, por los delitos de daños y usurpación.

Según la acción judicial, en al menos seis ocasiones trabajadoras de una empresa externa de Banco Santander (Queval), han debido asistir a la sucursal para reforzar las medidas de seguridad y así́ impedir ulteriores daños materiales. 

Santander detalló que, hasta el momento, debido a los graves daños que ha sufrido la sucursal, consistentes en la perdida de ventanales y puertas, la destrucción de máquinas y cajeros automáticos, mobiliario de la sucursal y el daño en la infraestructura del inmueble, entre otros, ha sufrido una pérdida económica por US$ 903.205, aproximadamente.

Pero no es todo, pues señaló que, a partir de la vandalización del inmueble, en reiteradas ocasiones han ingresado grupos de personas (que denominó "Okupas") a pernoctar dentro de la sucursal, empeorando la condición general del inmueble.

"Un grupo de personas desconocidas pertenecientes a un colectivo Okupa, han aprovechado la vandalización de la sucursal para hacer ocupación del inmueble y pernoctar en su interior", insistió.

Dado esto, la entidad solicitó en su querella –que ya fue admitida a trámite- enviar los antecedentes al Ministerio Público, para que este proceda a investigar, formalizar la investigación, y a efectuar todos las gestiones y solicitudes necesarias ante el respectivo juez de garantía. Esto, dijo el banco, con el objeto de alcanzar la información suficiente para dar por terminada en su oportunidad la investigación, acusando a quienes resulten responsables, e instando porque éstos sean condenados al máximo de las penas legales a que sean acreedores en su calidad de autores, cómplices y encubridores del delito.

Junto a esto, pidió a la Policía de Investigaciones de Chile a realizar una pericia de los videos de seguridad obtenidos en la sucursal.