Dominga: Gobierno rechaza conciliación para reactivar el proyecto y le quita el piso a Tribunal Ambiental

Menos de cinco minutos fue lo que duró la fallida audiencia de conciliación que impulsaba el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, en el marco de la reclamación presentada por Andes Iron, tras el rechazo al proyecto minero-portuario Dominga.

Con un cronograma y plan de trabajo fijado, el Tribunal buscaba dar una solución alternativa a la iniciativa rechazada por el gobierno anterior en dos oportunidades.

El fracaso de las tratativas se dio luego de que a primera hora de ayer, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, anunciara que el Servicio de Evaluación Ambiental, representante del Ejecutivo en esta instancia, no se presentaría a la reunión, acto que fue interpretado como una quitada de piso de la nueva administración a la inédita propuesta por la sede presidida por Daniel Guevara, el cual por primera vez buscaba adoptar un advenimiento entre las partes para solucionar el conflicto con un instrumento jurídico equivalente.

A través de una declaración, Cubillos dio a conocer que dejarían la decisión final en manos del propio tribunal, siguiendo el curso normal del proceso, argumentando que existe un cuestionamiento a la evaluación del proyecto de la iniciativa vinculada a las familias Délano y Lavín.

“Reconocemos que el proceso de evaluación ambiental tiene falencias y eso lo queremos corregir por la vía legal, por la vía de las potestades institucionales. Sino, corremos riesgo de que haya más incertidumbre en los proyectos, porque a la larga cualquier proyecto puede pensar que la judicialización lo va a ayudar a terminar en una negociación directa y por lo tanto todas las etapas anteriores pueden perder fortaleza”, explicó la titular de Medio Ambiente.

Cercanos a las involucrados señalan que la decisión adoptada por el gobierno buscó evitar sumar un conflicto gratuito recién a cuatro días de haber asumido, debido a la conflictiva imagen que arrastra Dominga, rechazado por el Comité de Ministros de la administración Bachelet y que desembocó en la salida de los ministros económicos.

Lo que llamó la atención es que esta tesis confronta con lo anunciado por el presidente Sebastián Piñera en su campaña, cuando dijo que uno de los focos de esta administración estaría en facilitar el proceso para destrabar proyectos con grandes montos de inversión, como ocurre en el caso de Minera Dominga, que requiere de unos US$ 2.500 millones para su puesta en marcha.

Representantes de Andes Iron no quisieron comentar la situación, aunque en la industria trascendió que la empresa veía con buenos ojos la opción de una conciliación, ya que el tribunal no tiene la potestad de revertir el rechazo del proyecto, y en el mejor de los casos, se podría retrotraer el proceso.

La dificultad de esta última opción radica, en que se podrían pedir cambios adicionales a la iniciativa para darle viabilidad, alargando aún más los plazos.

“The process must go on”

Visiblemente afectado se vio al presidente de tribunal, Daniel Guevara, al leer el dictamen de la fallida conciliación. A pesar de tener una fuerte presencia mediática en los pocos meses que lleva en el cargo, tras la audiencia -a la que habían llegado delegaciones de la empresa y organizaciones a favor y en contra de la Dominga- optó por no hablar con la prensa. Fue otro ministro del tribunal quien posteriormente entregó sus impresiones.

Durante la audiencia, Guevara lamentó que el gobierno no se hiciera parte del proceso y agradeció el trabajo realizado por los abogados para llegar a las bases de conciliación, las que finalmente no se harán públicas.

Pero Guevara aprovechó de enviar un mensaje al gobierno, al comentar que “ciertamente consideramos que se fortalece la institucionalidad con la obtención de acuerdos, que se desarrollan a través del diálogo, porque a través de ellos se construye una posición de respeto” y cerró la sesión con una frase en inglés “the process goes must on” (el proceso debe continuar).

El ministro del tribunal, Mauricio Oviedo, dijo que el juicio pasa ahora a la etapa de sentencia, donde existe un plazo de 30 días para conocer la resolución final.

“Estamos confiados en que vamos a cumplir y en el mes de abril tendremos la sentencia”, dijo, y le bajó el perfil al fracaso se la conciliación, asegurando que esta solo fue “una posibilidad que se exploró, que no está contemplada en la ley, por lo que era una posibilidad llegar o no a bueno puerto”, dijo.

Consultado por si desde el tribunal hubiesen esperado una mayor cooperación por parte del Ejecutivo, que ya en la administración anterior había declarado que sólo iba a participar como oyente en el proceso, Oviedo aclaró que “el Tribunal no espera colaboración, sólo abre el espacio por si las partes si lo tienen a bien, puedan conciliar”.

De todas maneras, tras esta resolución no termina la historia del proyecto minero-portuario Dominga, ya que sea cual sea la decisión adoptada por el juez, las partes pueden presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema, sede que aún está pendiente de resolver en un proyecto portuario similar, el puerto Cruz Grande de CAP, el que de todos modos recibió su Resolución de Calificación Ambiental, pero que fue cuestionada por organizaciones.

La decisión del gobierno no dejó indiferente a los distintos actores ligados a Dominga y, en general, a proyectos de inversión.

La Sofofa valoró el esfuerzo realizado por el Tribunal Ambiental de proponer un arreglo entre las partes, aunque entendió también los motivos del gobierno para no ir. De todos modos dijo: "Es importante que el gobierno de señales tempranas de que el desarrollo de proyectos de inversión, no es solamente coherente con la necesidad de reactivar la inversión, sino que también puede potenciar el cuidado y la preservación de zonas ecológicamente valiosas como aquella cercana al proyecto referido".

En la ONG Oceana respaldaron la medida del gobierno y señalaron que "la conciliación puede existir, en el caso de que los proyectos estén aprobados y necesiten de una mejora, pero no cuando se está rechazado por razones técnicas".

Mientras el diputado Sebastián Torrealba (RN), junto a otros parlamentarios del mismo partido, indicaron que el Gobierno ha entregado una buena señal al país y al mundo respetando la institucionalidad, informó la Cámara.

Winston Alburquenque, profesor de Derecho de los Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, analiza los detalles del proceso propuesto por Tribunal Ambiental de Antofagasta y la decisión del gobierno de cerrar esa puerta. Reconoce que las conciliaciones son efectivas, pero para otros tipos de casos.

- ¿Qué le parece la decisión de la ministra Cubillos de restarse del proceso de conciliación de Dominga?

- Es una decisión prudente desde una perspectiva política y jurídica. En este último sentido lo es porque los efectos de una conciliación dentro de un proceso de reclamación por el rechazo de la evaluación ambiental de un proyecto tiene efectos muy limitados.

- Un argumento fue que no fortalecía la institucionalidad ambiental, ¿concuerda con ello?

- Si la conciliación hubiera comprendido materias en que se esquivaran requisitos que la regulación establece para la aprobación ambiental de un proyecto, efectivamente afectaría la institucionalidad ambiental.

- ¿Cuáles eran los riesgos de sumarse a un mecanismo como el que buscaba realizar por primera vez el Tribunal Ambiental?

- Los riesgos estarían dados en que solo se podría conciliar sobre materias muy específicas del proceso de evaluación, sin poder alterar requisitos legales y en que se estaría llegando a acuerdos entre la parte recurrente y la recurrida sin ponderar los intereses de los terceros que están presente en el juicio y aquellos otros terceros que participaron en la evaluación ambiental.

- ¿Estos procesos de mediación tienen sustento jurídico?

- Están dentro de las facultades de los tribunales, y puede ser particularmente útil en las demandas de reparación del medio ambiente, pero no en este caso.

- ¿Cree que este tipo de mecanismos se deberían instaurar en la justicia medioambiental y en qué etapa de trámite deberían hacerse?

- El llamado a conciliación es una tendencia cada vez más fuerte en los procesos judiciales complejos en materia ambiental y de recursos naturales en que las partes son privados, pero cuando se trata de actos de la autoridad, el espacio para una mediación solo se puede reducir a aspectos accidentales y no nucleares.

- En momentos donde la judicialización de los proyectos de inversión volverá a estar fuerte, ¿cómo se pueden resolver las diferencias que existen en el territorio? ¿es necesario buscar nuevas formas?

- La mediación entre privados es una buena solución como sería en los casos de indemnización de daños civiles o ambientales, pero cuando se trata de judicializar actos administrativos, la solución va por tener tribunales calificados y dar celeridad a los procesos.