Fin al conflicto CDE-Codelco: Tribunal aprueba acuerdo por daño ambiental en Salar de Pedernales aunque con exigencias

Punto final se puso este martes al conflicto que mantenían desde el 15 de julio Codelco y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) después que este organismo presentara una demanda en el  Primer Tribunal Ambiental por un eventual daño ambiental por parte de la División Salvador en el Salar de Pedernales, en la Región de Atacama.

Después que a inicios de noviembre se anunciara un principio de acuerdo entre las partes y luego se ingresara formalmente la solicitud de avenimiento, este martes el Tribunal con sede en Antofagasta decidió aprobar la propuesta, pero con algunas exigencias. 

El Tribunal tenía que hacer el denominado control de indemnidad, de acuerdo a lo que establece el artículo 44 de la Ley 20.600. Es decir, debía revisar si el acuerdo cumplía con la reparación al daño, para luego aprobar o rechazar el avenimiento.

Según explicó el ministro en Ciencias del Tribunal, Marcelo Hernández, para chequear las 11 medidas propuestas, se realizó un análisis y una evaluación de los elementos esenciales donde la entidad determinó seis criterios como la relevancia, integridad, idoneidad, suficiencia, imputabilidad y reportabilidad y transparencia. 

En ese análisis, a las 11 medidas sugeridas, el Tribunal decidió agregar otras seis, donde se destaca el establecimiento de una mesa de diálogo y gobernanza para el Salar de Pedernales, incluyendo las comunidades indígenas y a las familias que se hicieron parte como terceros en esta causa.

"Con ello, se aborda de manera integral los reestablecimientos de las condiciones básicas, que es lo que se espera tanto del acuífero del Salar de Pedernales, los sistemas vegetacionales y todo los servicios ecosistémicos asociados a estos salares y quebradas alto andinas que son de una gran fragilidad y una alta importancia en biodiversidad para el desarrollo sostenible de nuestro país", destacó Hernández. 

Con la autorización, Codelco puede iniciar sin inconvenientes judiciales el desarrollo del proyecto estructural Rajo Inca que estaba en compás de espera, iniciativa que busca extender la vida útil de Salvador en al menos otros 40 años y que tiene prevista una inversión de US$ 1.200 millones.