Médicos de CLC: administración los acusa de “usurpar facultades” y gremio sale en su defensa

El cruce de acusaciones al interior de la Clínica Las Condes entre el estamento médico y la administración alcanzó un inédito nivel de beligerancia. Por un lado, los representantes legales de la institución acusaron a la asociación que representa a los facultativos de que buscar “usurpar facultades propias de su directorio” –en alusión a la actual disputa por los contratos de arrendamiento– y de actuar como un “coadministrador” (ver recuadro).

A su vez, y luego de que el Cuerpo Médico de CLC interpuso este miércoles un denuncia por desacato ante la Corte de Apelaciones de Santiago –en el marco del recurso de protección por el cambio en los arriendos- en contra de la administración en rechazo al bloqueo de atenciones a los facultativos con pagos pendientes, ayer el Colegio Médico y su presidenta Izkia Siches realizaron una férrea defensa de los doctores con fuertes cuestionamientos a la gestión de CLC.

Izkia Siches presidenta del Colegio Médico.

“Nos parece impresentable el bloqueo de agenda de consultas y pabellones, y esperamos que estas prácticas matonescas que atentan contra los pacientes beneficiarios de CLC puedan quedar en la historia y resolverse muy prontamente”, dijo en una declaración. De esta manera, complementó la posición oficial del gremio que sostuvo que esa medida “carece de toda ética”.

Antes, Siches había indicado en su cuenta de Twitter: “Grave decisión del grupo económico @cliniclascondes que suspende atenciones en plena pandemia para castigar a medic@s, jugando con la salud de pacientes y desconociendo la historia de una institución fundada por profesionales de la salud”.

Los juicios se refieren a la decisión de la administración de la clínica de suspender el sistema de agendamiento de consultas y reserva de pabellones a un conjunto de 155 facultativos en reacción a su incumplimiento de las obligaciones de pagar de la renta de arrendamiento del mes de agosto. Este es el capítulo más reciente de la disputa abierta en septiembre cuando el Cuerpo Médico interpuso un recurso de protección para oponerse al término de 559 contratos de arrendamiento a partir del 1 de octubre, fecha a partir de la cual estableció nuevas condiciones.

Junto con lamentar “este proceso muy doloroso para los médicos de CLC”, Siches instó al diálogo. “Sabemos que está la plena voluntad del cuerpo de médicos de trabajar en una mesa negociadora que permita resolver este conflicto”.

Por su parte, Clínica Las Condes informó ayer que alrededor de 150 médicos habían pagado el arriendo atrasado de agosto, por lo cual “se restablecieron de inmediato los servicios asociados a esos contratos”. Al respecto, CLC reiteró que “cualquier decisión arbitraria y unilateral de suspensión del pago de arriendo por horas para el uso de consultas médicas es responsabilidad directa y ética del titular del contrato”.

Escalada del conflicto

El pronunciamiento del gremio médico tuvo lugar en medio de una escalada del conflicto por el cambio en las condiciones de arrendamiento que responde al proceso de reorganización que impulsan los actuales controladores de CLC, ligados al Grupo Auguri, el family office de Cecilia Karlezi.

El último episodio tuvo lugar el miércoles con la presentación por parte del Cuerpo Médico de una denuncia por desacato ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la administración argumentando que esta última “ha cometido una serie de acciones de amenazas y amedrentamientos que quebrantan e infringen la orden de no innovar decretada el 10 de septiembre de 2020”, dentro de las cuales destacan el bloqueo de las agendas.

Por el contrario, desde el entorno de la administración de CLC se ha señalado que esa medida cautelar responde sólo a los actos asociados al recurso de protección interpuesto con motivo del cambio de los contratos de arriendo y no tiene ingerencia en el resto de las materias relacionadas a la gestión.

La acusación contra timonel de facultativos y el expresidente del directorio

La permanente crítica de la administración de CLC y sus controladores -ligados al Grupo Auguri, el family office de la empresaria Cecilia Karlezi- a los representantes del estamento médico, alcanzó un nuevo nivel con fuertes acusaciones formuladas en un documento presentado este miércoles a la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco del proceso por el recurso de protección interpuesto por los facultativos el mes pasado.
Junto con afirmar que el conflicto por el cambio en los arrendamientos tiene como trasfondo la intención de los médicos de "arrogarse facultades de administración de la clínica que son propias de su directorio", así como de pretender concretar un "cogobierno", esta vez la administración –representada por los abogados Sebastián Oddó y Martín Coronado- señaló que existen antecedentes en cuanto a que estos propósitos ya se evidenciaron en 2019 durante el proceso de OPA a través de la cual Auguri tomó el control de la clínica.
Al respecto, aseveraron que la cabeza del Cuerpo Médico, José Giordano y el expresidente del directorio de CLC, Andrés Navarro, "realizaron una Oferta Pública de Acciones oculta y paralela a la que públicamente realizó Lucec Tres S.A." en referencia a la sociedad de inversiones de Karlezi.
"Hemos entregado antecedentes a los tribunales y a la CMF que dan cuenta de lazos ocultos entre Andrés Navarro y José Giordano, quienes desde sus cargos directivos se coordinaron para orquestar e intentar armar una oferta pública de acciones (OPA) paralela y al margen de lo que establece la ley de OPA. Esta denuncia es de la mayor gravedad para el correcto funcionamiento del mercado y revela una actuación reñida con la ley y las buenas prácticas por parte de ambos denunciados", señaló Oddó.
El abogado agregó que esta "oferta oculta de acciones" tenía por objetivo "hacer fracasar la OPA de Lucec Tres S.A. para usurpar las facultades de administración propias del directorio de la clínica".