Gobierno busca limitar secreto y reserva bancaria mientras expertos alegan inconstitucionalidad

Una nueva diferencia se generó ayer a nivel parlamentario respecto del proyecto que reforma la Ley General de Bancos, y dice relación con la modificación que contempla la iniciativa al secreto bancario, al facultar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y al Ministerio Público de requerir a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) las nóminas bancarias.

De acuerdo al articulado de la reforma, tanto la UAF como la Fiscalía podrían solicitar las nóminas de depositantes de los bancos que la CMF debe mantener permanentemente, con indicación de su rol único tributario, identificación del tipo de cuenta o producto y su número de registro interno.

La modificación fue criticada por el abogado Juan Antonio Parodi, socio de Cariola Diez Pérez-Cotapos, en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se discute la normativa. Y es que, a juicio de Parodi, el proyecto “presume que no resulta previsible el daño patrimonial al cliente titular de la información con la obtención de esa información”.

Los cambios

Según la iniciativa legal, la cual se encuentra en su primer trámite legislativo, el proceso para obtener la información por parte de los organismos persecutores se establece en un plazo de cinco días.

La diferencia es que actualmente las solicitudes para acceder a información bancaria por parte de algún órgano fiscalizador debe primero sortear un control judicial de acuerdo a la materia legal que se trate.

Adicionalmente, en caso de estar frente a requerimientos de convenios suscritos con instituciones fiscalizadoras bancarias de carácter extranjero, será el fiscal de la CMF quien procederá a determinar la forma en que se otorgará la información sujeta a secreto o reserva bancaria previa autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Según los defensores de esta modificación al secreto bancario, irían en línea con lo señalado por expertos internacionales. Ése es el caso de María José Garde, presidenta del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE, quien señaló que “Chile debería avanzar en flexibilizar el levantamiento del secreto bancario para fines tributarios”

De todas formas, los expertos presentes en el Congreso el martes quedaron perplejos frente a la materia, ya que aseguran que la iniciativa avanza más allá de temas meramente tributarios. Más aún, no entienden en qué marco se estructura dentro de los pilares que sostienen la reforma bancaria.

Las críticas

Fuentes cercanas al proyecto comentan que la idea de limitar el secreto y reserva bancaria es consecuencia de las solicitudes hechas por el Ministerio Público al gobierno para facilitar el trabajo investigativo.

Mientras, los críticos hablan de inconstitucionalidad en lo que dice relación con limitar el secreto y reserva bancaria, entre ellos los abogados Diego Vicuña, de fundación Jaime Gúzman, y Francisco López ,de Libertad y Desarrollo, quienes también estuvieron ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Parodi dice que el proyecto “limita la garantía individual de la intimidad y privacidad de las personas”.

Bernardita Piedrabuena, coordinadora de mercados de capitales y finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda, rechazó las críticas de vicios constitucionales y afirmó que la cartera tiene informes legales que respaldan la posición del gobierno.

Explicó que se mantienen los resguardos judiciales para solicitar información por parte de los organismos persecutores y, además, aseguró que existe una tendencia internacional en eliminar el secreto bancario.

El diputado de la UDI, Felipe De Mussy, requirió el martes en la comisión de Hacienda que el Ejecutivo presente un informe de derecho respecto a los antecedentes que se presentaron en la instancia para la próxima sesión.

Oposición: "Desnaturaliza su esencia"

Hace más de un mes que la presidenta Michelle Bachelet anunciaba el envío al Congreso del proyecto que busca modificar la Ley General de Bancos. Los expertos la catalogan como la reforma más grande desde 1986 y que muchos esperaban -fruto del arduo trabajo prelegislativo- una tramitación rápida de la iniciativa. No obstante, y avanzando la discusión, los asesores parlamentarios de la oposición señalan que cuando se inicie la votación en particular del proyecto, el escenario más probable es que se rechacen los artículos en cuestión referido al secreto y reserva bancaria. Además, esgrimen que la idea de limitar dichos elementos se encuentra alejada de los pilares que son Basilea III, gobierno corporativo y resolución bancaria, desnaturalizando la esencia de la reforma.