Debate tributario: ¿Otra vez nos alejamos de un análisis consciente y de consenso?

Hernán Fuentes, socio auditor de Cabello Abogados

Al revisar reportes económicos con cifras de crecimiento del primer semestre de 2018, Chile pasó a encabezar el listado entre las principales economías de América Latina. Lo anterior, en plena aplicación de la reforma tributaria del gobierno anterior. Según indicaban, gran parte de esa mejora obedeció al buen momento que vivieron las mayores economías del mundo; Estados Unidos, China y la zona euro. El segundo semestre mostró una importante caída y la economía en 2018 pudo llegar al 4%.

Entre las explicaciones de la caída aparece la incertidumbre que sigue existiendo a nivel internacional por la guerra comercial, las menores perspectivas para el consumo privado, la caída en el crecimiento de los salarios, la demora en la aprobación del proyecto de reforma tributaria, etcétera. Lo anterior, a propósito de las declaraciones del presidente del Senado, Carlos Montes, quien tiempo atrás afirmaba que "el  país no se desacelerará si no se aprueba la reforma tributaria", indicando además que "más bien lo que está en juego son las expectativas generadas por el gobierno hacia el sector privado".

Es difícil pensar en un impacto "cero" en la actividad económica, con un proyecto de modernización tributaria ad-portas y pendiente de aprobación. La afirmación del senador pareciera ser entonces imprecisa y difícil de comprobar. Por otra parte, el ministro Larraín plantea el tema de aprobar y promulgar la Ley de aquí a mitad de año, para no perjudicar las expectativas y el crecimiento económico, afirmación que también resulta parcial e indeterminable. El recuento económico anterior no es concluyente, pero ejemplifica lo diverso de los factores que inciden en los movimientos en la actividad económica del país.

Al recordar rápidamente el origen del proyecto de modernización que se discute, se indica que vendría a corregir las complejidades e ineficiencias de la ley actualmente vigente. Esta última a su vez, concebida en corto tiempo en la administración anterior, que pretendía subsanar problemas de inequidad, y conseguir recaudación para financiar reformas y programas sociales.

Según los datos del informe de "Tax revenue trends" de 2018, publicado por la OCDE, aparecemos como el país con la segunda carga tributaria más baja, con datos al 2017 en comparación al PIB y como país que más recauda a través del IVA. Se entiende entonces que nuestro sistema es insuficiente y regresivo y no mejorará esos puntos con las actuales modificaciones propuestas por el gobierno.

En estos días de reuniones y conversaciones, la oposición reafirma su convencimiento de lo regresivo de esta reforma, indicando que favorece a los más ricos y que reduciría la recaudación fiscal en régimen. Lo anterior, luego del reconocimiento del gobierno respecto a la menor recaudación compensatoria que se obtendría con el proyecto (boleta electrónica, impuestos digitales). Hacienda, por su parte, muestra disposición a buscar compensaciones y el ministro Larraín se abre a nuevas fuentes de recaudación y revisar exenciones, pero aparentemente nada en concreto por el momento. Todo indica que nuevamente se perderá la posibilidad de analizar de forma consciente, independiente y desideologizada un sistema tributario que genere consenso y contenga atributos deseables como justicia, carácter redistributivo, simplicidad y lo más importante, no tenga que ser modificado con cada gobierno de turno.

Volviendo entonces a la discusión del senador y el ministro, lo que puede desacelerar y complicar el crecimiento del país no pareciera estar centrado en este proyecto de modernización tributaria en particular, sino más bien en la forma en que ha evolucionado la política tributaria en los últimos años, la que se ha centrado en corregir y parchar errores desde cada trinchera y no en un proyecto de consenso.