DF Tax | Orden en la casa

Bárbara Neyra

No es novedad el incremento de gasto fiscal que ha originado en Chile el estallido social y la pandemia, ni la contracción económica que esto ha generado, lo que ha derivado en incrementar el gasto público mediante el otorgamiento de estímulos.

Asociado a lo anterior, los programas de gobierno de las principales candidaturas presidenciales concuerdan en la mantención de estímulos y beneficios, con matices en cuanto a su monto, forma de implementación y beneficiarios. Conscientes de la actual situación, y el mayor gasto fiscal que generaría la creación y mantención de estos estímulos, todos los candidatos proponen diversas medidas para incrementar la recaudación.

En este sentido, y de la mano de un posible cambio constitucional a la potestad tributaria, es altamente probable que a partir del próximo año contemos con un nuevo proyecto de reforma tributaria que permita, en teoría, incrementar la recaudación fiscal.

Considerando que el financiamiento del mayor gasto público que tendrá el país en los próximos años no sólo va de la mano de un incremento de impuestos, el orden en la casa también es fundamental, y así lo consideran todas las propuestas de los candidatos, quienes coinciden en que es necesario generar un mayor foco en disminuir la evasión y elusión fiscal, indicando a grandes rasgos que "dotarán de mayor recurso y facultades al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio Nacional de Aduanas".

Ante estos planteamientos genéricos, ¿cuál es la actual situación de Chile en materia de evasión y dónde hay oportunidades de mejora? Como punto de partida, puede considerarse la segunda edición de la guía sobre principios para combatir la evasión tributaria emitida recientemente por la OCDE, y que contempla un análisis de la situación local.

Un primer elemento que podría levantar alertas respecto a cómo se controla la evasión, es el comportamiento que ha tenido en los últimos años la investigación y persecución de delitos de carácter tributario, pasando de 427 investigaciones concluidas el año 2016 a sólo 53 el año 2019. En el caso de las querellas iniciadas, también llama la atención la baja presentada desde el año 2016, donde hubo 273 querellas interpuestas, versus 99 el año 2019.

Conforme indica la OCDE en su informe, a diferencia de otros países miembros, en Chile no existe un presupuesto determinado para el control de la elusión y fiscalización. Los recursos son asignados en consideración a la política de control y fiscalización que se determine anualmente por parte del director. De esta manera, si bien existe un control y fiscalización permanente por parte de Impuestos Internos; el foco y asignación de recursos a la prevención y persecución de la evasión fiscal dependerá anualmente de la definición que el director realice anualmente.

A nivel legal, por otra parte, existen elementos que deben ser analizados y que permitirían modernizar el actual sistema de investigación y persecución de la evasión. Uno de estos consiste en modificar la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, incorporando dentro del catálogo de delitos aquellos de índole tributaria. Al respecto, Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no sanciona penalmente la comisión de delitos tributarios por parte de personas jurídicas, existiendo sólo la posibilidad de perseguir los delitos cometidos por sus representantes o empleados.

Adicionalmente, la información a la cual puede acceder el Servicio de Impuestos Internos en procesos de investigación también es limitada en comparación a otros países de la OCDE, sin posibilidad de acceder de manera directa a información bancaria de los contribuyentes ni a bases de datos de otras entidades públicas.

En este sentido, si bien el proyecto de acceso a información bancaria actualmente en tramitación en el Congreso es un avance, es necesario un análisis integral del acceso a la información con la que cuenta Impuestos Internos, de forma de generar bases de datos expeditas entre los distintos organismos públicos, las que puedan ser consultadas dentro del marco de sus facultades de fiscalización a efectos de controlar la evasión.

Así, no es suficiente incrementar impuestos, sino que además esto debe ir acompañado de un plan serio de modernización en materia de control de la evasión, considerando no sólo mayores recursos, sino que también analizando la posibilidad de considerar como sujetos punibles a las personas jurídicas, generar un presupuesto específico destinado anualmente a control de la evasión y modernizar el actual sistema de control, aumentando el acceso de información a Impuestos Internos y, eventualmente, analizando si se elimina la exclusividad que actualmente existe en el ejercicio de la acción penal. Solo así se podrá mantener la casa en orden y generar políticas a largo plazo que permitan, por una parte, incrementar la recaudación, y por otra disuadir la evasión.