Dominga: una decisión lamentable

El reciente procedimiento de evaluación ambiental del proyecto minero Dominga dejó un sabor amargo tanto en inversionistas como en quienes creen en la institucionalidad ambiental, dejando entrever que hacer las cosas bien no es suficiente ante el cantinflero político y las presiones fácticas.

Veamos. El proyecto, ingresado en septiembre de 2013, fue objeto de diversos exámenes de carácter técnico y ambiental realizados por las autoridades regionales, así como también de variadas observaciones planteadas por vecinos en cada oportunidad posible.

A lo largo de su tramitación ambiental, el titular subsanó los errores e inexactitudes levantadas, se hizo cargo de los impactos ambientales que causará el proyecto y, con miras a fomentar el crecimiento local, suscribió un acuerdo marco para que la comunidad recibiera parte del beneficio generado por la explotación del mineral. Lo anterior, por cierto, unido a los 9.800 puestos de trabajo que se crearán.

Más de 1200 días de evaluación, introducidos dentro de los 180 días legales que indica la ley, se tomó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el resto de las autoridades para tener una idea acabada del proyecto y de cada uno de sus detalles y recomendar su aprobación. Sin embargo el Intendente de la Región de Coquimbo, quien preside la Comisión de Evaluación respectiva, procedió a extender sus facultades más allá de lo que la Constitución le permitía, y rechazó el proyecto por el impacto que tendría sobre la Reserva Pingüino Humboldlt y otras reservas marinas, afirmando “que son dignas de preocuparse más allá de lo que establece una comisión técnica”, según declaró.

Ante tal afirmación cabe preguntarse cuál es esa preocupación que habiéndola podido preguntar y resolver antes, decidió sin argumentos darla por irresoluble y deshacerse de una inversión de US$ 2.500 millones. ¿Habrá considerado en su fuero interno y de manera ponderada, que las medidas que ya estaban aceptadas para evitar cualquier daño a la Reserva de Pingüinos, eran insuficientes? ¿Habrá quizás llegado a la conclusión de que el Comité de Ministros sí decidirá esta vez en el plazo de 60 días como dice la ley, y no en 1 año, como en el resto de los proyectos?

Como sea, resulta violento visualmente leer una noticia donde la autoridad máxima de un estado australiano pretende suplir su déficit energético en 100 días, declarando que vencerá los obstáculos que correspondan y, en la noticia siguiente, leer que la autoridad máxima de una región chilena rechaza un proyecto que todas las autoridades técnicas recomiendan aprobar.