El verdadero costo de la reforma tributaria

Bernardita Piedrabuena K.

El grupo de trabajo (GdT) constituido por la Democracia Cristiana para analizar el proyecto de ley de Modernización Tributaria, luego de cuatro meses de trabajo, entregó un informe que estudia detalladamente la iniciativa.

Cuatro son los principios que para el GdT debía cumplir la reforma tributaria que quiere llevar a cabo el gobierno: 1) que no haya una disminución permanente de la recaudación; 2) que no empeore la progresividad del sistema tributario; 3) que no se debilite la institucionalidad tributaria; y 4) que impacte positivamente al crecimiento.

La conclusión del GdT es que el proyecto no satisface ninguno de los principios anteriores. Por motivos de espacio, quiero recalcar la preocupación del GdT en relación al incumplimiento del primer principio. La sostenibilidad fiscal es una piedra clave para la estabilidad económica. Teoría y evidencia muestran que lo anterior se logra en la medida que gastos permanentes se financien con ingresos permanentes. Del análisis de GdT se concluye que el proyecto implica una rebaja de ingresos permanentes sin un ajuste equivalente de gastos.

De acuerdo al informe financiero del proyecto de ley, la reforma implicaría un beneficio fiscal neto de US$ 420 millones: lo que se pierde con la integración y los beneficios tributarios pro inversión es menor de lo que se ganaría con la mayor recaudación que provendría de la adopción de la boleta electrónica.

Sin embargo, la cifra anterior subestima el verdadero el costo fiscal del proyecto.

Por una parte, la disminución de ingresos es cierta, en tanto que el resultado de las medidas compensatorias es incierto y depende crucialmente del esfuerzo de fiscalización del SII. Un análisis de valor esperado debería establecer y cuantificar cuál es la relación entre la probabilidad de evitar la evasión al adoptar la boleta electrónica y el esfuerzo fiscalizador. Dicho análisis no se encuentra presente en el informe financiero, por lo tanto, es debatible que la recaudación por adopción de boleta electrónica sea la que muestra dicho informe.

Por otra parte, éste omite los efectos sobre recaudación de cambios no inocuos en definiciones claves de la ley de la renta y en las facultades fiscalizadoras del SII. En relación al primer tema, el proyecto cambia sustancialmente la definición de los gastos necesarios para producir la renta y establece la obligación de deducir el valor comercial del terreno en la venta de bienes para efectos del cálculo del impuesto a pagar. Dado que la recaudación en 2018 por gastos rechazados fue de US$ 700 millones, la recaudación en riesgo es considerable.

En cuanto al segundo tema, varios de los cambios que introduce el proyecto debilitan la capacidad fiscalizadora del SII y, en la práctica, eliminan la norma anti elusión, lo que impactará la capacidad recaudatoria del SII. A modo de ejemplo, Tianqui pagó US$ 1.000 millones de impuesto por la operación de compra de acciones de SQM, “la recaudación de impuestos más grande de la historia de Chile”. Si bien en un comienzo se dijo que dicha operación estaría exenta al impuesto a las ganancias de capital, todo indica que el efecto disuasivo de la norma anti elusión llevó a que Tianqui pagara impuestos por la transacción.

En suma, es probable que el proyecto de ley implique pérdida de recaudación y no un aumento, como lo afirma el informe financiero. Si agregamos que la reforma previsional enviada por el Ejecutivo implica mayores gastos permanentes, no financiados con ingresos fiscales permanentes, las presiones fiscales futuras son preocupantes.