La crisis invisibilizada de la dependencia en Chile

JAVIERA GAZMURI y HORACIO SAN MARTÍN

A principios de marzo, el Presidente Sebastián Piñera anunció el envío al Congreso del proyecto de Reforma de Pensiones, que incluye un seguro y subsidio para personas mayores de 65 años con dependencia severa. La dependencia es una condición que aqueja al 5% de la población mayor de 18 años (según datos de la encuesta CASEN 2017), condición que genera la necesidad de apoyo de un tercero para poder realizar las actividades básicas del día a día. El problema se incrementará en los próximos años dado el envejecimiento de la población, ya que ello trae consigo un aumento en el porcentaje de la población que posee enfermedades y dificultades asociadas a esta etapa de la vida, las que los pueden llevar a un estado de dependencia.

Frente a este desafío, el seguro y subsidio son un buen primer paso para comenzar a impulsar políticas públicas que se hagan cargo de la dependencia en Chile. Hoy existe escasa ayuda a los dependientes y sus familias, y la asistencia varía dependiendo principalmente de la comuna donde residen. De acuerdo con un catastro realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), se estima que cerca del 40 por ciento de las comunas contactadas (estas últimas corresponden al 87 por ciento del total de comunas del país) no cuenta con un programa dirigido específicamente a personas en situación de dependencia.

Pese a que la propuesta gubernamental es un buen comienzo, urge la necesidad de hacer mucho más por varias razones. En primer lugar, el seguro y el subsidio beneficiarían solo a los mayores de 65 años. Uno de cada cinco dependientes severos no pertenece a la tercera edad, quienes no se verían beneficiadas por los cambios propuestos, según el estudio "Personas dependientes: ¿quiénes son, quiénes los cuidan y cuál es el costo de la asistencia?", del CEP.

Además, la dependencia limita las posibilidades de trabajar de las personas, por lo cual las familias de dependientes ven disminuidos sus ingresos. Segundo, se limita el seguro y el subsidio a los dependientes severos. En nuestro estudio mostramos que el porcentaje de dependientes leves y moderados que recibe ayuda en las actividades que requiere de asistencia es menor en comparación a los dependientes severos.

Por otro lado, el monto del subsidio para las personas que no cumplan con los requisitos del seguro, que estaría en torno a $60.000 y $80.000 mensuales, se aleja del costo que deben incurrir las familias si quieren contratar a un cuidador. Según el estudio del CEP, se requiere aproximadamente de $200.000 mensuales, en promedio, para suplir las horas de cuidado que requiere un dependiente por la asistencia de un técnico en enfermería. Estos costos aumentan de forma exponencial si se contratara a un enfermero. Por lo tanto, los montos del subsidio no permitirían que los familiares que asumen el rol de cuidador, quienes son mayoritariamente mujeres, puedan dejar este rol. Se requiere de una política complementaria que apoye a los familiares cuidadores, para que este trabajo no afecte su participación en el mercado laboral, su salud y su bienestar.

La dependencia es una condición que involucra no solo a la persona dependiente, sino que abarca muchos aspectos de las vidas de las familias que viven esa realidad. En definitiva, se requieren políticas públicas de apoyo a la dependencia que vayan más allá de las pensiones.