Licitación del litio: la urgencia de una política de Estado

La controversia generada por la licitación de Contratos Especiales de Explotación y Operación de Litio (CEOL), adjudicada por el gobierno saliente, se explica solo parcialmente por la falta de prolijidad del proceso. El litio, a diferencia de otros minerales, no es concesible, ya que la Constitución lo define de carácter estratégico por su hipotético uso nuclear; esto otorga a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) la facultad de establecer cuotas de producción para cada explotación.

Con el fortalecimiento de la acción climática se producirá un súper ciclo de precios del litio, acotado en el tiempo, que permitiría al Estado de Chile participar en forma significativa de las rentas económicas de esta actividad y contribuir al desarrollo regional. La CORFO constituyó las principales pertenencias en el Salar de Atacama, y generó en los años 80 contratos de arriendo con cuotas de explotación consistentes con un mercado reducido. El hecho de que la principal empresa con un contrato de arriendo por más de 2/3 de las pertenencias de CORFO en el salar haya sido SQM -con un historial de incumplimientos graves, vinculada al financiamiento ilegal de la política y a la historia oscura de las privatizaciones en dictadura-, sumado al marco jurídico extremadamente restrictivo, hacía muy difícil modificar la situación vigente en el Salar de Atacama.

Es así como hasta 2016 Chile era el principal productor mundial de litio, con 41% de la producción y más del 50% de las reservas. De haberse mantenido los contratos vigentes a esa fecha, al 2030 habríamos sido relegados al cuarto lugar mundial, con una participación de mercado inferior al 10%. La renegociación de los contratos de arriendo por CORFO en el Salar de Atacama permitió revertir transitoriamente la tendencia declinante, pasando de una participación de 20% del mercado en 2018, a un estimado de 32% en 2021. Esto, además de aportes al Fisco, las comunidades, I+D de miles de millones de dólares y la opción de desarrollar valor agregado.

Sin embargo, se estima que a pesar de las ventajas de costos y de que el salar posee casi el 40% de las reservas globales de litio, la participación de Chile en el mercado mundial declinaría a un 18% al 2030. Esto, porque permanecen aspectos ambientales, contractuales y de gobernanza del salar que no han sido resueltos.

En este contexto, el Gobierno lanzó en octubre la licitación de CEOL, equivalente a una producción anual de un 28% del mercado mundial actual por 20 años. En primer lugar, esta licitación debería restringirse a exploración e inversión en otros salares diferentes al Salar de Atacama, dados los temas pendientes en aquel. Asimismo, dado que nos encontramos ad portas de un cambio de gobierno y considerando la complejidad sociopolítica y ambiental del tema del litio, resulta fundamental que el gobierno saliente concuerde las condiciones de adjudicación con el gobierno electo y que se establezca un proceso con participación amplia para definir una Política de Estado para el litio.