Lo que hacen las empresas: premisas falsas

GONZALO SAID

En el Chile de hoy todo está bajo cuestionamiento. La insatisfacción de la ciudadanía se alimenta con acusaciones cruzadas que desconocen el nivel de desarrollo alcanzado por nuestro país y quienes exacerban el descontento no han sido capaces de ofrecer un modelo alternativo, mejor, sólo intentan socavar el existente con verdades parciales.

El proceso constituyente que se avecina bien pudiera encauzar la discusión sobre la fortaleza institucional de las organizaciones chilenas o, perfectamente, dispersarla aún más. En este contexto aparecen voces que buscan reformular el gobierno corporativo de las empresas o incrementar fuertemente los impuestos al capital, partiendo de premisas discutibles. Entre ellas aparece el supuesto escaso aporte de la empresa privada a los trabajadores, la baja contribución impositiva o la desregulación en la que se encontraría el sector corporativo chileno.

En la mente de muchos, las empresas privadas aportan, primero, utilidades descomunales a sus accionistas y, “con lo que queda”, se pueden pagar las remuneraciones e impuestos. Bajo esta concepción, los empleados y el Estado se pondrían a la fila, detrás de los accionistas, para recibir la contribución que les dejan los dueños después de esquilmar las compañías. Esta concepción equivocada pasa por alto que las personas que desarrollan emprendimientos de todos los tamaños arriesgan mucho más que sólo su propio capital para implementar una idea, que muchas veces termina en fracaso.

Cuando los emprendimientos son medianamente exitosos, requieren de colaboradores que se ponen primeros en la fila de los compromisos de la empresa. Además de los trabajadores, aparecen proveedores que son, a su vez, emprendedores con sus propias dinámicas. Luego, aparece el Estado, que sólo por concepto de impuestos de primera categoría toma un 27% de las utilidades -o algo menos según sea el caso- que genera la empresa. Y sólo finalmente, luego de pagar remuneraciones, proveedores e impuestos, el dueño puede retirar las utilidades, si es que hay.

En Chile, el 43% de lo que se genera en valor agregado en un año va a pagar remuneraciones de los asalariados, similar a España (45%), Portugal (45%) y algo por sobre Italia (39%), Polonia (37%) e Irlanda (29%).

Es cierto que nuestro país requiere de perfeccionamientos regulatorios para las empresas, que eviten malas prácticas hacia los trabajadores, los consumidores, los proveedores o el medio ambiente, entre muchos otros ámbitos. La discusión legislativa debe seguir aportando soluciones en esta línea sin caer en premisas falsas. Pero somos los propios representantes del mundo empresarial los llamados a comunicar el verdadero rol social de la empresa y a resaltar la enorme contribución que el sector privado ha aportado al desarrollo económico y social del país. Las premisas falsas se combaten con datos, con convicciones y valentía.