Notarios: regular para simplificar

Felipe Bravo Alliende

El informe preliminar de la Fiscalía Nacional Económica confirmó la intuición que teníamos los usuarios de notarías: algo no calza entre los aranceles fijados por el gobierno y los altos precios que nos cobran por trámites como una declaración jurada o la compraventa de una casa.

Los aranceles de notarios y conservadores fueron fijados el año 1931, y desde esa fecha solo se han reajustado de acuerdo al aumento del IPC. Pese a que el Ministerio de Justicia puede fijarlos y modificarlos, hasta el actual decreto que regula dichos precios -de 1998- el Ministerio de Justicia no ha realizado estudio económico alguno ni revisado los precios en relación con estimaciones de costos, demanda o rentabilidad de la función notarial y registral. Solo se ha limitado a reajustarlos al alza de acuerdo al aumento del IPC.

Sorprende la ausencia de racionalidad económica en la determinación del precio de un servicio con escasa competencia y falta de una fiscalización efectiva. Esto convierte a las notarías en tierra fértil para sobreprecios que afectan a los usuarios, sean personas comunes, pymes o empresas que difícilmente reclamarán ante la autoridad, justamente para evitar seguir perdiendo plata y tiempo.

En efecto, el costo del sistema notarial no es solo el precio que nos cobran por un trámite. El tiempo de espera en las notarías y la lista interminable de trámites que exigen la costosa firma del notario -como la clásica declaración jurada de soltería exigida por los bancos- representan un costo relevante para cada usuario del sistema y un costo agregado de magnitud considerable para toda la economía. Este costo social ha sido estimado por la FNE en más de US$100 millones al año. Sin embargo, pareciera que este hecho pasa desapercibido por nuestro Congreso Nacional, donde los proyectos de ley que modernizan el sistema no han tenido avances desde el año 2012.

Como señaló ayer en estas páginas el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri, es momento de adoptar pautas objetivas para el ejercicio de la función notarial. En el corto plazo, el gobierno y el Poder Judicial tienen las herramientas para solucionar este problema: fiscalización de los gobiernos regionales, de ministros visitadores y fijación de aranceles conforme a criterios de racionalidad económica, y rentabilidad acorde a la actividad. En el largo plazo, en cambio, no se justifica mantener un sistema ineficiente y costoso para la productividad del país. Urge modernizarlo incorporando tecnologías blockchain, repositorios en línea, masificando el acceso y la firma electrónica avanzada.

Es necesario dotar al sistema notarial y registral de una mayor eficiencia, cuyos efectos positivos se verán reflejados no solo en el precio que pagamos los usuarios de notarías, sino que también en el menor tiempo perdido en firmar documentos y cerrar negocios, un paso más en la mejora de la productividad y la simplificación de la enredada madeja regulatoria de nuestro país.