Pensiones, ley corta y cuarto retiro

El 20 de septiembre de 2021 el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley corta de Pensiones, en medio de la discusión respecto del cuarto retiro. Dicho proyecto, con el ánimo de mejorar los ingresos de los jubilados busca entre otros efectos mejorar la cobertura de la pensión básica solidaria. Para lo anterior se pretende introducir modificaciones tributarias, buscando reducir y eliminar exenciones, introducir nuevos impuestos y gravar con IVA el ejercicio de determinadas actividades. Discusión que se desarrolla en medio de una campaña presidencial y parlamentaria, por lo que las consideraciones políticas de seguro primarán respecto de las técnicas.

Con este proyecto, el Gobierno evita entrar en el fondo de la discusión sobre una reforma al sistema de pensiones en el mismo, al tiempo que se pretende mejorar coberturas en forma inmediata. Como resulta obvio, estas mejoras deben ser solventadas por el Estado, aumentando la carga de la billetera fiscal. Por lo que no resulta extraño que en el mismo proyecto se señalen formas de financiar el consecuente aumento del gasto fiscal.

Para lo anterior, el proyecto pretende ciertas modificaciones al sistema tributario, buscando eliminar exenciones respecto de la ganancia de capital en la enajenación de algunos instrumentos con presencia bursátil, modificar la ley de IVA (en particular en lo relativo a empresas constructoras y gravar ciertos servicios hasta hoy exentos de tal impuesto), eliminar exención respecto de indemnizaciones otorgadas, ganancias logradas por medio de seguros de vida y modificar la regulación respecto de los DFL 2.

Además, a la fecha, se encuentra en discusión un proyecto de Ley que pretende introducir un cuarto retiro de los fondos de pensiones, lo que significaría un golpe, quizás mortal, a estos fondos , y no a las Administradoras de Fondos, como pretenden hacerlo ver algunas personas. Aumentar las pensiones y permitir un cuarto retiro significaría inyectar aún más fondos a la economía local, la que se encuentra ya afectada por una inflación cada vez más galopante. Por lo anterior, no resulta raro que se plantee junto a un aumento al gasto, una forma que pretenda no solo financiarlo sino que también una forma de contrarrestar el mayor gasto.

Sin entrar en el debate de tales modificaciones, no hay que perder de vista que el proyecto busca modificar en forma casi inmediata las pensiones más bajas y no es propiamente un proyecto de reforma tributaria. Sin duda que pueden revisarse las modificaciones que plantea el Ejecutivo dentro de una reforma global al sistema tributario, pero buscar introducir modificaciones a la carga tributaria por esta vía y mediante una ley corta parece no ser la mejor manera para ello, debido a que el foco de la discusión será necesariamente otro, pudiendo dejarse llevar los legisladores por la galería y no por miramientos netamente técnicos, pasando colados nuevos impuestos a las personas y con ello nuevas cargas a los particulares, con el fin de obtener más ingresos para el Estado, en vez de que sea éste el que rebaje gastos fiscales, muchos de ellos de ninguna utilidad para la sociedad.

De aprobarse el proyecto los efectos para inversionistas, ahorrantes, sociedades de inversión, y para todos en general, pueden resultar de impactos brutales en sus patrimonios e intereses, e incluso en sus oportunidades de trabajo y de mejores condiciones de vida. Más aún cuando la propuesta no es parte de una modificación integral a un sistema tributario, sino que los cambios en dicha materia pretenden pasarlos casi de contrabando, como respuesta a mayores requerimientos de la abultada billetera fiscal. Por ello no resulta raro que, considerando los riesgos y las contingencias para los patrimonios personales, patrimonios societarios, de familias y de grupos, sus titulares y dueños busquen alternativas de inversión, obviamente fuera de Chile. Más aún si la reforma tributaria lo único que tiene previsto es un aumento de costos en distintos ámbitos.

Una buena propuesta en materia de pensiones no puede consistir solo en aumentar los ingresos de las pensiones más bajas (algo más que necesario), sino que el financiamiento aparejado debe estar debidamente pensado. En otras palabras, está bien plantear los cambios, pero éstos deben plantearse bien y derechamente.