Portabilidad eléctrica: ciudadana y competitiva

Andrea Von Chrismar Medina

Actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso el proyecto de ley sobre portabilidad eléctrica. Una iniciativa que pone el acento en los usuarios finales, buscando que los clientes residenciales y las pequeñas empresas puedan elegir un comercializador de energía de acuerdo a la oferta que mejor responda a sus necesidades.

Esto representa un cambio importante respecto de lo que sucede hoy. Bajo la legislación actual, sólo a los clientes con consumos de energía cuantitativamente más significativos que los residenciales, como empresas o industrias, se les reconoce capacidad negociadora para elegir a su suministrador. El nuevo proyecto cambia esto, permitiendo que todos los clientes finales de electricidad, incluso aquellos con consumos muy menores, puedan elegir a su proveedor y, así, acceder a mejoras en la calidad de los servicios, a menores precios, entre otras ventajas.

Para que esto se materialice es fundamental que se concrete lo que plantea el proyecto respecto de separar el desarrollo y gestión de las redes de distribución (infraestructura) de la comercialización (quien hace la oferta comercial a los clientes finales), y que esta última actividad se abra a la competencia.

Por lo anterior, para que esta regulación tenga un impacto real en la ciudadanía, se requiere más que un buen proyecto. Será fundamental el empoderamiento de los usuarios finales, debiendo éstos tener un mayor conocimiento respecto de sus consumos de energía. Y un cambio en la forma en que los proveedores y las autoridades ven y piensan el acceso a la electricidad.

Aunque suene básico, será clave que los clientes residenciales y las pequeñas empresas aprendan a leer la cuenta de la luz y a comparar constantemente las ofertas de los distintos comercializadores. De esa forma podrán elegir un proveedor en base al menor precio, las opciones de pago o la fuente de la energía contratada. Los comercializadores, por su parte, deberán tener el foco en las necesidades de los usuarios finales, ofreciéndoles mejores precios y atención comercial, compitiendo entre sí. Si bien aun no se define si las actuales empresas distribuidoras podrán participar en la comercialización, o bajo qué condiciones podrían hacerlo, este será un aspecto relevante.

Las autoridades sectoriales y de competencia deberán velar por el cumplimiento de la normativa técnica y el desarrollo de un mercado en condiciones competitivas, promoviendo la protección de datos y acceso a la información y educación a los usuarios finales.

Regulaciones con perspectivas ciudadanas como esta son importantes. Por ello, es recomendable que las condiciones exigidas a los comercializadores sean razonables para proteger a los usuarios finales y la eficiencia del mercado eléctrico, y no se conviertan en barreras a la entrada para nuevos actores. Además, la regulación podría incorporar resguardos que garanticen términos justos de contratación y equidad en el acceso a los servicios, mitigando riesgos de descreme de clientes finales por ubicación o niveles socioeconómicos. En definitiva, para el éxito de la portabilidad eléctrica se requerirá la tramitación de un buen proyecto de ley y un rol activo de todos los actores involucrados.