Propiedad intelectual: mucho por avanzar

A pesar de los notables esfuerzos que autoridades y la justicia realizan permanentemente para perseguir los delitos de piratería marcaria, aún tenemos un enorme desafío para generar avances concretos y sustanciales en esta materia.

Como país ya llevamos más de 10 años consecutivos figurando en la “Lista Roja” que elabora la Office of the United States Trade Representative (USTR) para aquellos países que están en deuda en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual.

Y al parecer el panorama no cambiará en el corto plazo, porque todo hace prever que volveremos a ser uno de los protagonistas de este negativo ranking.

Una de las principales razones que explican este desalentador escenario es que aún no existe consciencia del valor que tiene para la economía y para el avance de un país el respeto de estos derechos. Se trata de una deformación cultural arraigada en nuestra sociedad, de la cual somos espectadores y hasta protagonistas a diario cuando se adquiere un producto informalmente, se copian o descargan películas, series, música y libros, y cuando se deja de pagar las licencias de los softwares que usamos en nuestros computadores.

Pareciera ser más fácil “hacer la vista gorda” en esta materia, sin considerar que esa actitud nos puede costar muy caro como país, en razón del discurso y políticas proteccionistas que está impulsando la administración de Donald Trump, quien ha dado muestras claras en estos meses de cómo protegerá los intereses de la industria norteamericana.

Aparte de generar conciencia de que piratear es un delito, el primer cambio por el que debemos empezar es que los parlamentarios aprueben los proyectos de ley que hoy “duermen” en el Congreso. Para ello, claro está, debería haber voluntad política en un tema que no genera popularidad ni votos en un año electoral.

Lo segundo es dotar de medios y recursos a los fiscalizadores para apoyarles en su gestión destinada a detectar y actuar ante las infracciones flagrantes que se producen.

El círculo virtuoso se cerraría si los jueces dejaran atrás el principio garantista que los mueve y aplicaran la ley sin contemplaciones.

Esto último es particularmente importante, porque al analizar fallos conocidos en este ámbito, se observa que muchos magistrados parecen estimar que la propiedad intelectual es un bien jurídico que amerita menor protección que otros derechos que contempla nuestro sistema jurídico.

Ello puede encontrar explicación en el desconocimiento de la cadena de realidades que se esconden tras la piratería, como la proliferación del comercio ilícito, la evasión tributaria y el socavamiento de la innovación como motor del desarrollo, por nombrar sólo algunas.