Reforma del Estado: es el turno de los políticos

Cecilia Cifuentes Hurtado

Hace algunos días se conocieron las propuestas de reforma del Estado elaboradas en conjunto por cuatro importantes centros de pensamiento del país como el CEP, Libertad y Desarrollo, Chile 21 y Espacio Público. Me parece que esto no fue lo suficientemente destacada por los medios de comunicación, como suele pasar con las buenas noticias.

Constituye un hecho muy destacable que centros de estudio de líneas de pensamiento opuestas logren ponerse de acuerdo en propuestas concretas en una materia muy compleja en lo técnico y en lo político: la gestión de personas en el Estado. Y no se trata de propuestas cosméticas o de poca significancia, sino de temas bien centrales del Estatuto Administrativo, que de concretarse, significarían un avance importante en la eficiencia estatal, aspecto que sabemos está siendo un lastre en el objetivo de alcanzar el desarrollo. A estas propuestas en materia de recursos humanos en el Estado se suma, también, un documento de propuestas sobre transparencia, acceso a información pública y gestión de información en el Estado.

Las propuestas en materia de gestión de personas son el fruto de cinco meses de trabajo conjunto de los cuatro centros. Aunque no se abarcan todos los temas referidos al empleo en el Estado, ni tampoco todas las áreas (quedan pospuestas para una segunda etapa), los cambios sugeridos son lo suficientemente amplios para que en caso de llevarse a cabo, produzcan una mejoría significativa. En lo grueso, uno de los aspectos más significativos es introducir mayor flexibilidad, no sólo dentro de un área determinada, sino también entre servicios públicos, lo que además iría unido a mejoras más claras en la situación de los funcionarios de acuerdo a su desempeño.

Se trata, entonces, de generar una real carrera administrativa, adicional a la antigüedad (que sigue siendo considerada), en función de los resultados obtenidos. De esta forma, se logran alinear mejor los incentivos, tema en el que sabemos existen carencias importantes. Un segundo aspecto de gran significación es terminar con las irritantes categorías de funcionarios, ya que en la actualidad conviven (y muchas veces con funciones muy similares) trabajadores que son prácticamente inamovibles con otros que ni siquiera cuentan con leyes sociales, lo que inevitablemente daña el clima laboral, afectando la productividad.

Es efectivo que las propuestas de este consorcio de centros de estudio no abarcan la totalidad de lo que debería ser una reforma integral del Estado —la “madre de todas las batallas” en el objetivo de llegar a ser un país desarrollado—, pero constituyen un avance muy importante. Una etapa adicional debería abarcar una reestructuración de servicios, evitando duplicaciones, superposiciones y funciones a veces contrapuestas entre éstos, y también una revisión y modificación de los más de 300 programas sociales, para lo cual las mesas del llamado “Compromiso País” del Ministerio de Desarrollo Social podrían ser un insumo muy valioso.

¿Qué debería venir ahora? Necesitamos que nuestros políticos vuelvan a escuchar a Ricardo Lagos: “Tenemos que hacer un esfuerzo por entendernos”. Es necesario que estos consensos técnicos, muy valiosos, logren pasar a la esfera política y se transformen en proyectos de ley. Los mejores años de Chile en términos de avances económicos y sociales fueron fruto de consensos políticos. Ojalá estas propuestas, y otras que existen en diversas materias de orden técnico, no se queden sólo en bibliotecas digitales.